En Nueva York, la defensa de Nicolás Maduro intenta cerrar el proceso penal antes del juicio. Al mismo tiempo, Estados Unidos trata con Delcy Rodríguez como autoridad de facto de Venezuela y Moscú reclama la liberación del exmandatario y de Cilia Flores. Las tres posiciones chocan en el terreno político, pero la inmunidad y los cargos se decidirán en una corte federal.

Nicolás Maduro ya no ejerce el poder en Caracas, pero una de las preguntas más difíciles de su caso penal sigue formulada en presente: ¿puede una corte de Estados Unidos juzgar a quien sostiene que gozaba de inmunidad como jefe de Estado cuando fue capturado?

Esa pregunta llegó al despacho del juez federal Alvin K. Hellerstein mientras, a pocos kilómetros de la corte, Delcy Rodríguez acudía a la Asamblea General de Naciones Unidas, se reunía con Donald Trump y promovía negociaciones económicas para Venezuela. El sábado, desde la misma tribuna de la ONU, el canciller ruso Serguéi Lavrov exigió la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La proximidad de las escenas produce una imagen política extraordinaria. El hombre que reclama ante la justicia estadounidense la protección de su antigua investidura está detenido en Brooklyn; quien fue su vicepresidenta es recibida como interlocutora para tratar asuntos del Estado venezolano; y Rusia insiste en defenderlo como dirigente protegido por el derecho internacional. Pero el expediente penal exige separar esas imágenes de sus efectos jurídicos. Ni una fotografía con Trump concede inmunidad, ni una declaración de Lavrov obliga a Hellerstein a desestimar los cargos.

La defensa busca impedir el juicio

Maduro y Flores permanecen detenidos desde su traslado a Nueva York el 3 de enero de 2026. Ambos se han declarado no culpables. El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, salvo que las decisiones sobre las mociones pendientes alteren el curso del proceso.

La defensa de Maduro pidió desestimar la acusación alegando inmunidad soberana. Su tesis es que, como jefe de Estado, no podía ser sometido a la jurisdicción penal de otro país por los actos que le atribuye la Fiscalía. Se trata de un intento de terminar el caso antes de que un jurado examine las pruebas. El juez aún no ha resuelto esa petición.

Ahí radica la primera batalla: no se discute todavía si la Fiscalía puede convencer a un jurado de que Maduro participó en los delitos imputados. Se discute si el tribunal tiene autoridad para juzgarlo pese a la inmunidad que reclama. Si Hellerstein rechaza la moción, el litigio continuará hacia el juicio; eso no constituirá una declaración de culpabilidad. Si la acepta, deberá precisar el alcance de su decisión y sus consecuencias para los cargos.

El argumento de la defensa también tropieza con un hecho político de considerable peso: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela años antes de su captura. Los tribunales estadounidenses suelen prestar especial atención a la posición del Ejecutivo cuando una disputa exige determinar a quién reconoce Washington como representante de un Estado extranjero. Eso no permite anticipar automáticamente la resolución de Hellerstein, pero explica por qué la relación actual entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez importa para esta moción.

La defensa puede sostener que un gobierno extranjero no debería poder borrar unilateralmente la inmunidad de un mandatario mediante una declaración política. La Fiscalía tendrá ocasión de oponer su interpretación de la ley y de la posición oficial estadounidense. Esa confrontación debe resolverse con argumentos jurídicos y decisiones judiciales, no contando cuántos gobiernos se pronuncian a favor o en contra de Maduro.

Una orden sobre las pruebas abre otra fase del proceso

Mientras se litiga la inmunidad, el tribunal avanza en la preparación del caso. Hellerstein emitió una orden de protección que regula la entrega y el uso de documentos, objetos e información electrónica por las defensas. La medida incluye restricciones para impedir la divulgación de material sensible y contempla información obtenida de computadoras, teléfonos y otros dispositivos relacionados con Maduro y Flores. También regula la entrega de material favorable a los acusados o útil para impugnar testigos.

Esta orden tiene un significado procesal concreto: permite que las defensas examinen evidencia bajo reglas de acceso y confidencialidad. No establece que los dispositivos demuestren los delitos imputados, ni determina qué información podrá finalmente presentarse ante un jurado. Su importancia está en que el caso entra en una fase en la que el contenido de la prueba, su origen y sus límites de uso adquirirán cada vez más peso.

Flores enfrenta, además, una controversia propia. Solicitó esperar el juicio fuera de prisión por razones médicas y ofreció arresto domiciliario con vigilancia privada y monitoreo. La Fiscalía se opuso por escrito el 23 de septiembre: sostiene que existe riesgo de fuga y peligro para otras personas, cuestiona que la propuesta de guardias financiados por la acusada controle esos riesgos y disputa que la atención cardíaca requiera su excarcelación.

Son argumentos de las partes. Los antecedentes médicos completos no están disponibles públicamente porque parte de ellos fue presentada bajo sello. La audiencia sobre la libertad de Flores está prevista para el 8 de octubre ante Hellerstein. Resolver si puede esperar el juicio bajo condiciones no equivale a resolver los cargos contra ella ni la moción de inmunidad de Maduro.

Delcy Rodríguez: interlocutora aceptada, legitimidad discutida

El otro escenario de Nueva York mostró a Delcy Rodríguez haciendo lo que Maduro ya no puede hacer desde una celda: representar políticamente al gobierno que ejerce funciones en Caracas y buscar acuerdos para Venezuela.

Rodríguez participó en la Asamblea General de la ONU y mantuvo contactos ligados a energía, deuda, minería y financiación. Su delegación sostuvo reuniones con responsables del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esas citas demuestran acceso a interlocutores internacionales y disposición a conversar; no prueban por sí solas la aprobación de recursos, la conclusión de acuerdos ni un reconocimiento político idéntico por parte de todos esos organismos y países.

La reunión con Trump el 22 de septiembre elevó el valor político de esa visita. Washington se relaciona directamente con Rodríguez para atender intereses y decisiones sobre Venezuela. En términos prácticos, eso fortalece su capacidad de actuar como interlocutora internacional. Es razonable describirlo como una forma de aceptación diplomática funcional: Estados Unidos habla y negocia con quien hoy ejerce el poder.

Pero sería incorrecto presentar esa escena como una declaración estadounidense de legitimidad electoral. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, dijo expresamente que el propósito del encuentro no era conferir legitimidad a Rodríguez y recordó que ella no fue elegida por los venezolanos. Según explicó, Washington mantiene su objetivo de transición democrática, aunque todavía no ha establecido un calendario electoral.

Esa es la diferencia que atraviesa toda la historia: se puede negociar con una autoridad que ejerce el poder sin certificar cómo obtuvo ese poder. Para Rodríguez, la interlocución con Trump y con instituciones financieras aumenta su margen de acción. Para Maduro, ofrece a su defensa un hecho político que intentará integrar en su argumento sobre continuidad del Estado e inmunidad. Para la corte, ninguno de esos efectos sustituye el análisis jurídico de los cargos y de la jurisdicción.

Rusia convierte la inmunidad en una causa diplomática

Lavrov llevó a la ONU el argumento que Moscú ha sostenido desde la captura de Maduro. El 26 de septiembre reclamó la pronta liberación de Maduro y Flores, denunció la operación estadounidense y defendió la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos estatales. Fue una posición oficial expresada ante la Asamblea General, no una resolución adoptada por la organización.

El discurso ruso sirve a dos propósitos. Primero, mantiene visible el respaldo de Moscú a Maduro en un momento en que la diplomacia de otros gobiernos se concentra en Rodríguez. Segundo, coloca la captura y el procesamiento bajo el lenguaje de la soberanía y del derecho internacional, el mismo terreno general en el que la defensa intenta situar su petición de inmunidad.

Sin embargo, Lavrov habla ante Estados miembros de la ONU; los abogados de Maduro hablan ante Hellerstein. El canciller puede reclamar una liberación política inmediata. La defensa debe demostrar por qué la legislación y los principios jurídicos aplicables obligarían a una corte federal a detener el proceso. La coincidencia entre ambos discursos no convierte el pronunciamiento ruso en autoridad judicial.

Tampoco existe una contradicción legal automática entre el diálogo de Washington con Rodríguez y la continuación del caso contra Maduro. Estados Unidos puede tomar decisiones diplomáticas sobre con quién tratar en Caracas mientras sus fiscales sostienen una acusación penal por conductas atribuidas a personas determinadas. La defensa discutirá si la posición de Washington sobre el liderazgo venezolano afecta la inmunidad reclamada por Maduro. El juez tendrá que decidir ese punto dentro del expediente, con razones que puedan ser examinadas por las partes y eventualmente por una corte de apelaciones.

La decisión que no pueden tomar Trump, Delcy ni Lavrov

La presencia de Rodríguez en Nueva York y el respaldo ruso a Maduro hacen que este proceso sea inseparable de la disputa internacional por Venezuela. Pero el siguiente movimiento decisivo dentro del caso no será una declaración desde la ONU. Vendrá de la corte federal.

Hellerstein debe enfrentar las mociones de inmunidad, supervisar la entrega de pruebas y resolver la petición de libertad de Flores. Después vendrán las disputas sobre qué evidencia puede usarse y, si los cargos sobreviven a las mociones, el juicio previsto para junio de 2027.

Hasta entonces, hay tres hechos que conviene mantener separados: Maduro y Flores siguen acusados y conservan la presunción de inocencia; Delcy Rodríguez es recibida como interlocutora, aunque Washington niega que esa recepción le otorgue legitimidad electoral; y Rusia exige liberar a los acusados sin tener poder para decidir el proceso estadounidense.

En Nueva York, Maduro conserva aliados capaces de defenderlo desde la tribuna más visible de la diplomacia mundial. Su futuro penal, sin embargo, continúa escrito en otro lugar: el expediente que tiene ante sí el juez Hellerstein.