Los expedientes judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos permiten reconstruir durante más de una década un patrón de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela: empresarios que pagaban para entrar en las listas de proveedores, funcionarios que alteraban procesos de contratación y prioridades de pago, intermediarios que ocultaban sobornos mediante consultorías ficticias y compañías que recibían información confidencial para obtener ventajas frente a sus competidores. En 2026, Washington ha abierto nuevamente espacios para las operaciones petroleras en Venezuela, pero bajo controles mucho más estrictos. El desafío es determinar si las viejas redes de PDVSA están intentando adaptarse al nuevo sistema.
Durante años, la corrupción en PDVSA fue presentada como una sucesión de escándalos independientes. Un empresario sobornaba a un funcionario. Un gerente favorecía a un proveedor. Una compañía obtenía un contrato. Un intermediario aparecía entre Petróleos de Venezuela y el beneficiario final. Finalmente, parte del dinero terminaba fuera del país.
Los expedientes criminales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, DOJ identificaron mecanismos recurrentes para capturar diferentes etapas del sistema de contratación de PDVSA, desde la selección de proveedores hasta la adjudicación de contratos, el acceso a información interna y la prioridad en los pagos.
Esos antecedentes adquieren nueva importancia en 2026, cuando Estados Unidos permite nuevamente determinadas operaciones petroleras en Venezuela mediante licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y Chevron, BP, Eni, Repsol, Shell y Maurel & Prom aparecen expresamente contempladas dentro del nuevo esquema autorizado.
Uno de los aspecto que ha generado polémica es si en este proceso tutelado por EE.UU. en la industria petrolera venezolana se puede cambiar de manera radical las estructuras empresariales y administrativas que han sido protagonistas de los escándalos de corrupción que han sido objeto de investigación en los tribunales estadounidenses. En asunto también implica que esas empresas o sus sucursales están intentando convertirse en proveedores, contratistas o socios de las compañías internacionales que operan bajo el nuevo sistema.
Corrupción en PDVSA: pagar para entrar en la lista de proveedores
Uno de los casos más reveladores fue confesado ante la justicia estadounidense por el empresario venezolano-estadounidense Roberto Enrique Rincón Fernández. En junio de 2016, el Departamento de Justicia informó que Rincón se declaró culpable de delitos relacionados con un esquema de sobornos destinado a conseguir contratos de PDVSA.
Su confesión permite comprender que la corrupción podía comenzar incluso antes de la adjudicación del contrato. Rincón admitió que él y Abraham Shiera acordaron pagar sobornos y entregar otros beneficios a analistas de compras de PDVSA para conseguir que sus empresas fueran incorporadas a los paneles de licitación de la petrolera venezolana.
También reconoció haber pagado a otros funcionarios para asegurarse de que sus compañías fueran incluidas en las listas de proveedores aprobados por PDVSA. Departamento de Justicia de Estados Unidos: caso Roberto Rincón
El mecanismo tenía una consecuencia extraordinariamente importante. Una empresa podía aparecer formalmente habilitada para contratar con PDVSA. Podía presentar ofertas y recibir contratos. Desde fuera, el procedimiento podía tener apariencia administrativa normal. Pero el acceso inicial había sido comprado mediante sobornos.
Por eso, investigar actualmente a los contratistas de PDVSA exige ir más allá de determinar si una compañía estaba registrada como proveedor. La revisión debe incluir, entre otras coas, cómo esa empresa llegó a esa posición, quiénes facilitaron su incorporación y qué funcionarios participaron en el proceso.
El negocio de cobrar primero las facturas de PDVSA
El caso Rincón reveló otro mecanismo. Durante los años de deterioro financiero de PDVSA, obtener un contrato no significaba necesariamente cobrarlo rápidamente. La empresa acumulaba obligaciones con numerosos proveedores. Esa situación creó otra oportunidad para la corrupción: controlar el orden de los pagos.
Rincón admitió haber entregado sobornos a funcionarios de PDVSA para conseguir que sus compañías recibieran prioridad en el pago de facturas pendientes, colocándolas por delante de otros proveedores.
Otros expedientes federales documentaron nuevamente esquemas en los cuales empresarios entregaban sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos y de prioridad para cobrar las facturas que PDVSA les debía. Es decir, cuando el dinero escaseaba, controlar la orden de pago podía convertirse en un negocio tan importante como controlar la adjudicación.
Información privilegiada: conocer el negocio antes que los competidores
Otro mecanismo aparece en el proceso penal contra Sargeant Marine Inc. En septiembre de 2020, la compañía se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, por esquemas desarrollados en Brasil, Venezuela y Ecuador.
Sargeant Marine aceptó pagar aproximadamente 16,6 millones de dólares para resolver el proceso criminal. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York informó que la compañía obtuvo aproximadamente 8,2 millones de dólares en ganancias derivadas del esquema venezolano. DOJ: declaración de culpabilidad de Sargeant Marine
Pero los sobornos no compraban solamente decisiones sino que también podían comprar información. Según el Departamento de Justicia, el esquema permitió obtener información no pública de funcionarios de PDVSA, proporcionando una ventaja corrupta frente a otros competidores.
Ese mecanismo vuelve a adquirir enorme importancia en 2026. Cuando compañías internacionales buscan proveedores, personal, infraestructura y oportunidades dentro de Venezuela, saber anticipadamente qué contrato será adjudicado, qué campo necesita inversión, cuáles son las necesidades técnicas o cuáles serán las condiciones de una contratación puede valer millones de dólares.
La corrupción no siempre necesita manipular públicamente una licitación sino que en muchos casos documentados comenzó con alguien que conoce la información antes que los demás.
Consultorías ficticias y facturas falsas para esconder sobornos
El caso Sargeant Marine también permitió al DOJ establecer cómo podía ocultarse el dinero. La compañía utilizó contratos de consultoría ficticios y facturas falsas para disimular determinados pagos corruptos. Parte del dinero pasó por cuentas offshore controladas por intermediarios antes de llegar a los destinatarios del esquema.
La estructura podía parecer una operación comercial ordinaria, que partía del contratista, intermediario, consultoría, factura, pagos a una cuenta extranjera a un funcionarios a cambio de un beneficio contractual. La existencia de documentación comercial no demostraba por sí misma que existiera un servicio legítimo detrás del pago.
Este antecedente es especialmente importante para analizar actualmente empresas de servicios petroleros, porque una factura, una orden de servicio o un contrato de consultoría no demuestra automáticamente que el trabajo contratado haya sido realizado. La comprobación requiere comparar el documento con la ejecución física.
La corrupción también operaba desde adentro
Los expedientes estadounidenses muestran que muchos esquemas habrían sido imposibles sin la participación de funcionarios internos. En 2018, Abraham Edgardo Ortega, antiguo director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, se declaró culpable ante la justicia estadounidense.
El Departamento de Justicia informó que Ortega admitió haber recibido 5 millones de dólares en sobornos relacionados con determinadas operaciones financieras y otros 12 millones de dólares por su participación en otro esquema relacionado con fondos de PDVSA. DOJ: caso Abraham Edgardo Ortega
Estados Unidos investigó posteriormente otro gigantesco esquema relacionado con aproximadamente 1.200 millones de dólares de PDVSA, cuyo dinero fue objeto de operaciones internacionales de lavado.
El patrón era recurrente, ya que PDVSA proporcionaba el activo, el funcionario podía proporcionar la decisión, para luego conseguir que el empresario aportaba la estructura privada y el sistema financiero permitía movilizar el dinero.
PDVSA continúa sancionada por Estados Unidos
El nuevo escenario venezolano no ha eliminado un dato jurídico fundamental: PDVSA continúa siendo una entidad bloqueada por Estados Unidos. OFAC sancionó formalmente a Petróleos de Venezuela el 28 de enero de 2019 bajo la Orden Ejecutiva 13850. OFAC: designación de PDVSA
Sin embargo, durante 2026 Washington amplió las posibilidades para determinadas operaciones petroleras mediante un sistema de licencias. El 10 de junio de 2026, OFAC emitió la Licencia General 50B, que autoriza determinadas operaciones relacionadas con petróleo y gas en Venezuela para un grupo específico de compañías internacionales. OFAC: General License 50B
Entre las empresas expresamente incluidas aparecen BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. Esos cambios no deben entenderse como una eliminación general de las restricciones sobre PDVSA. Estaríamos hablando de una apertura regulada.
OFAC busca introducir trazabilidad en el petróleo venezolano
Las condiciones establecidas por Estados Unidos resultan especialmente reveladoras cuando se comparan con los mecanismos de corrupción documentados durante los años anteriores. La Licencia General 50B establece requisitos relacionados con determinados contratos, pagos, jurisdicciones y operaciones autorizadas.
Washington no se ha limitado a permitir que algunas grandes petroleras regresen o amplíen actividades en Venezuela. Está intentando construir una estructura en la cual pueda conocerse mejor quién participa en las operaciones y cómo circula el dinero.
Los expedientes judiciales ayudan a explicar esa cautela. Estados Unidos conoce perfectamente los antecedentes de corrupción asociados con PDVSA porque sus fiscales han investigado durante años cómo funcionaban esas redes.
Chevron y el riesgo oculto en la cadena de contratistas de PDVSA
El principal riesgo no necesariamente se encuentra en las grandes compañías internacionales. Chevron, Shell, BP, Repsol y Eni poseen sistemas internacionales de compliance y están expuestas a las leyes anticorrupción de diferentes jurisdicciones, pero ninguna gran petrolera puede operar sola en Venezuela.
Debajo de cada proyecto existe una extensa cadena de contratistas y subcontratistas. Electricidad, generación, instrumentación, bombas, tuberías, transporte, mantenimiento, seguridad, construcción, ingeniería, logística y personal forman parte de ese ecosistema.
Cada compañía puede convertirse en proveedor y cada proveedor puede contratar a otro. Ese es uno de los principales desafíos para la nueva industria petrolera venezolana. El due diligence no puede detenerse en PDVSA o en la compañía internacional sino que debe alcanzar a las empresas venezolanas que pretenden colocarse entre PDVSA y los nuevos operadores internacionales.
Una compañía puede desaparecer sin que desaparezca la red
Los antecedentes de corrupción obligan además a investigar algo más que los nombres comerciales. Una empresa puede cerrar y otra puede aparecer. Los accionistas pueden cambiar, por ejemplo, incorporar un familiar, crear una compañía en Florida u otra jurisdicción, incluir un socio extranjero. Inclusive, puede desaparecer una razón social sin que desaparezcan las personas que controlaban el negocio. Por eso un verdadero due diligence petrolero en Venezuela no debe limitarse a preguntar cómo se llama una compañía sino que tiene que determinar quién es su beneficiario final y quién lo fue anteriormente.
La historia corporativa importa tanto como la estructura actual. Las órdenes de servicio: el próximo territorio que debe investigarse Existe otro espacio particularmente vulnerable dentro de PDVSA: los contratos de servicios y las denominadas órdenes de servicio, ODS.
Los expedientes oficiales estadounidenses examinados no permiten afirmar que denuncias actuales sobre determinadas órdenes de servicio en San Tomé o en la Faja Petrolífera del Orinoco hayan sido demostradas. Esa distinción es fundamental ya que los mecanismos comprobados por el DOJ permiten establecer exactamente qué debería buscar una investigación.
Cada operación debería reconstruirse mediante en base a un patrón revisado por el Departamento de Justicia, una orden de servicio, proveniente de una empresa que presenta un presupuesto por la ejecución física, que obliga a una certificación bajo factura de autorización de pago que va a una cuenta receptora y un beneficiario final.
Una factura solamente demuestra que alguien facturó no necesariamente que la obra existió. Para determinarlo hay que comparar el dinero pagado con la ejecución física que supuestamente justificó ese pago.
NABEP y el nuevo mapa petrolero venezolano
Dentro del nuevo escenario petrolero en Venezuela aparece la polémica firma North American Blue Energy Partners, NABEP que no aparece entre las compañías expresamente incluidas en el anexo de la General License 50B de OFAC. Eso no significa que NABEP haya cometido una ilegalidad ni que cualquier operación relacionada con la compañía esté prohibida.
Significa que su situación y cualquier transacción que involucre entidades bloqueadas deben analizarse según la autorización, licencia y estructura jurídica específicamente aplicables. En investigaciones de cumplimiento regulatorio, la ausencia de una compañía de una licencia determinada no constituye una acusación pero este dato no puede ignorarse.
El factor China dentro de las nuevas reglas de OFAC
La General License 50B introduce otra cuestión especialmente relevante para la reconstrucción del sector petrolero venezolano. La licencia establece exclusiones para determinadas operaciones relacionadas con personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o la República Popular China, además de determinadas estructuras de propiedad, control o asociación vinculadas con esos actores. Eso convierte la identificación del beneficiario final de los contratistas venezolanos en una necesidad jurídica.
Una compañía puede tener un nombre venezolano, domicilio venezolano y directores venezolanos, pero mantener estructuras de propiedad o control extranjeras relevantes para el cumplimiento de las sanciones estadounidenses.
Los cinco puntos vulnerables que revelan los casos de corrupción de PDVSA
Los procesos documentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos permiten identificar cinco puntos críticos de vulnerabilidad dentro de la contratación petrolera venezolana: el registro de proveedores, la adjudicación de contratos, el acceso y uso de información interna, la certificación administrativa y la ejecución de los pagos. Esos cinco eslabones deberían convertirse en la columna vertebral de cualquier nuevo sistema de vigilancia, transparencia y cumplimiento aplicado a PDVSA y al sector petrolero.
Estados Unidos dispone de herramientas importantes para supervisar parte de los flujos internacionales de dinero, imponer obligaciones regulatorias, investigar y perseguir esquemas de soborno cuando existe jurisdicción estadounidense y establecer condiciones para las compañías autorizadas a operar en Venezuela. Sin embargo, ese control tiene un límite evidente: Washington no está físicamente presente en cada oficina de PDVSA, instalación petrolera, almacén, gerencia técnica o proceso de contratación ejecutado dentro del territorio venezolano. La vigilancia cotidiana de esos espacios, la prevención de irregularidades y la capacidad de detectar nuevas redes de corrupción dependen, en última instancia, de la reconstrucción y fortaleza de las instituciones venezolanas.
La corrupción puede sobrevivir al sistema político que la creó
Uno de los mayores riesgos de cualquier transición política consiste en asumir que las redes económicas vinculadas a la corrupción desaparecen automáticamente con el cambio de poder. Estas estructuras tienen una enorme capacidad de adaptación porque acumulan años de conocimiento, relaciones y experiencia dentro del sistema: conocen los procedimientos administrativos, a los funcionarios, los campos petroleros, los proveedores, las necesidades operativas, los vacíos de control y los mecanismos de contratación, facturación y pago.
Un cambio político puede remover a un ministro, sustituir a la directiva de PDVSA o transformar la estructura formal del Estado, pero eso no necesariamente desmantela las redes que operan por debajo de esas posiciones. Un contratista que lleva quince años alrededor de la misma instalación petrolera puede sobrevivir a varios gobiernos, directivas y reformas, conservando contactos, información privilegiada y conocimiento operativo suficientes para adaptarse al nuevo escenario y, eventualmente, reproducir los mismos mecanismos de corrupción bajo nuevas estructuras de poder.
EEUU enfrenta ahora una batalla diferente dentro de PDVSA
Estados Unidos ha colocado en 2026 una nueva arquitectura de control alrededor del petróleo venezolano: OFAC permite determinadas operaciones bajo condiciones específicas para compañías internacionales mientras mantiene restricciones sobre PDVSA. Sin embargo, la historia documentada por el propio Departamento de Justicia demuestra que la corrupción dentro de la industria petrolera venezolana no dependía exclusivamente de las decisiones adoptadas en la presidencia de PDVSA ni en los niveles más altos del poder político. Los esquemas podían funcionar también desde los niveles intermedios y operativos: bastaba un funcionario capaz de incorporar una empresa al sistema de proveedores, otro dispuesto a entregar información privilegiada, alguien que autorizara un contrato o certificara un servicio, una factura, un intermediario, una cuenta bancaria y finalmente un funcionario con capacidad para ordenar o facilitar el pago. Por eso, reconstruir la industria petrolera venezolana exigirá mucho más que recuperar infraestructura y aumentar la producción: será necesario reconstruir la integridad, trazabilidad y transparencia del sistema de contratación de PDVSA.
La verdadera prueba para Chevron, las demás compañías internacionales, Washington y las autoridades venezolanas no será únicamente determinar cuántos barriles puede volver a producir Venezuela, sino impedir que detrás de esa recuperación reaparezcan, recicladas mediante nuevas sociedades, accionistas, contratistas e intermediarios, las mismas redes que durante años aprendieron a convertir los contratos de PDVSA en fuentes privadas de dinero, influencia y poder. Los expedientes del Departamento de Justicia demuestran que esos mecanismos existieron, mientras que las nuevas condiciones impuestas por OFAC reflejan que Washington reconoce los riesgos asociados a la reapertura del sector. El siguiente nivel de escrutinio deberá concentrarse, por tanto, en una pregunta decisiva: quiénes sobrevivieron a la antigua estructura, qué compañías controlan actualmente y cuáles intentan incorporarse a la nueva industria petrolera venezolana utilizando como cobertura contratos, asociaciones u operaciones vinculadas con compañías internacionales autorizadas.