La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó este 13 de julio de 2026 su memorándum de sentencia contra Ismael «El Mayo» Zambada García, en el que solicita formalmente que el histórico líder del Cártel de Sinaloa sea condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además del decomiso de 15.000 millones de dólares, una de las mayores sanciones económicas solicitadas contra un narcotraficante en la historia de Estados Unidos.
El documento, presentado por fiscales del Departamento de Justicia encabezados por Joseph Nocella Jr., sostiene que la magnitud de los delitos cometidos por Zambada durante varias décadas convierte la cadena perpetua en una consecuencia obligatoria de la legislación federal estadounidense. La audiencia definitiva de sentencia está programada para el 20 de julio de 2026 ante el juez federal Brian Cogan, el mismo magistrado que presidió los procesos contra Joaquín «El Chapo» Guzmán y el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Una sentencia obligatoria bajo la legislación federal
La petición de la Fiscalía se fundamenta en la condena de Zambada por dirigir una Empresa Criminal Continua (Continuing Criminal Enterprise – CCE), una figura contemplada en la legislación estadounidense para castigar a quienes lideran organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico de manera sistemática y con enormes beneficios económicos.
Según el memorándum, las actividades de la organización generaron ingresos superiores a los límites establecidos por la ley federal, lo que convierte la cadena perpetua en la pena prevista para este tipo de delitos. Los fiscales sostienen que el caso reúne todos los elementos necesarios para imponer la máxima sanción permitida por la legislación estadounidense.
Un decomiso sin precedentes
Además de la pena de prisión, el Departamento de Justicia solicita un fallo de decomiso por 15.000 millones de dólares, cifra que supera incluso el decomiso de aproximadamente 12.600 millones de dólares ordenado en el caso de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La Fiscalía explica que el monto refleja las ganancias obtenidas durante un período de liderazgo más prolongado dentro del Cártel de Sinaloa y corresponde al acuerdo alcanzado por el propio Zambada durante su declaración de culpabilidad en agosto de 2025.
De confirmarse por el tribunal, se trataría de uno de los mayores decomisos económicos impuestos en un proceso penal relacionado con el narcotráfico internacional.
Décadas de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa
En el memorándum, los fiscales describen a Zambada como uno de los narcotraficantes «más prolíficos y poderosos del mundo» y uno de los principales fundadores del Cártel de Sinaloa.
La acusación sostiene que durante décadas dirigió una organización responsable del tráfico masivo de cocaína, heroína, metanfetaminas y, posteriormente, fentanilo hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.
Entre los datos incluidos por la Fiscalía destaca la afirmación de que la organización supervisó el contrabando de al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína en una década, además de otras drogas sintéticas y opioides, generando enormes beneficios económicos mientras expandía la violencia asociada al crimen organizado.
Corrupción institucional como herramienta del cártel
Uno de los aspectos centrales del memorándum es la descripción del sistema de corrupción que, según la Fiscalía, permitió al Cártel de Sinaloa operar durante años.
Los fiscales sostienen que la organización destinó millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de distintos niveles, incluyendo policías, militares y actores políticos, con el objetivo de garantizar protección institucional y evitar acciones judiciales en su contra.
Como ejemplo de ese patrón de corrupción, el documento hace referencia al caso del exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
La Fiscalía afirma que «sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, la violencia y otros males que propagó», una frase que resume la posición del Gobierno estadounidense respecto al impacto atribuido al liderazgo de Zambada.
La declaración de culpabilidad
Ismael Zambada se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de los principales cargos en su contra, incluyendo dirigir una empresa criminal continua y conspiración bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Durante esa declaración admitió haber desempeñado un papel de liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa desde finales de la década de 1980 hasta 2024.
Zambada había sido detenido en julio de 2024 en Nuevo México, después de llegar a territorio estadounidense en un avión procedente de México junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La defensa no solicita reducción de la pena
Un elemento inusual del proceso es que la defensa de Zambada no está solicitando una reducción de la condena.
En un memorándum presentado durante la primera semana de julio de 2026, el abogado Frank A. Pérez aceptó que la legislación federal conduce a una sentencia de cadena perpetua y centró su petición exclusivamente en las condiciones de cumplimiento de la pena.
La defensa solicitó al juez recomendar el traslado de Zambada a un centro penitenciario federal con servicios médicos especializados, como FMC Butner (Carolina del Norte), FMC Rochester (Minnesota) o MCFP Springfield (Misuri), argumentando la edad del acusado —entre 76 y 77 años— y sus problemas de salud.
La petición busca evitar que sea enviado a ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad de Colorado donde cumple condena Joaquín «El Chapo» Guzmán.
La Fiscalía advierte sobre riesgos de seguridad
Aunque reconoce la avanzada edad y las condiciones médicas del acusado, el Departamento de Justicia sostiene que Zambada continúa representando un riesgo significativo para la seguridad.
El memorándum afirma que conserva una amplia red de contactos leales dentro del crimen organizado y recuerda que uno de sus hijos sigue vinculado al liderazgo de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, lo que, según la Fiscalía, podría permitirle mantener capacidad de influencia incluso desde prisión.
No obstante, la decisión sobre el establecimiento penitenciario donde cumplirá la condena corresponderá finalmente al Buró Federal de Prisiones (Bureau of Prisons – BOP), una vez que el juez Brian Cogan dicte la sentencia.
La decisión final será el 20 de julio
La audiencia del próximo 20 de julio de 2026 marcará el desenlace judicial de uno de los procesos más relevantes contra el narcotráfico internacional en las últimas décadas.
El juez Brian Cogan deberá decidir si adopta íntegramente la recomendación de la Fiscalía respecto a la cadena perpetua y al decomiso de 15.000 millones de dólares, así como determinar las recomendaciones sobre el lugar donde Ismael «El Mayo» Zambada cumplirá el resto de su vida en prisión.
La resolución también consolidará uno de los mayores casos de aplicación de la legislación estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales, particularmente bajo las figuras de Continuing Criminal Enterprise (CCE) y RICO, utilizadas para perseguir las estructuras de mando de los grandes cárteles del narcotráfico.