Nuevamente el negocio eléctrico venezolano está en la palestra y plantea una serie de interrogantes acerca de si esta nueva oportunidad es solo una reedición del historial de corrupción que condujo a la catástrofe del Sistema Eléctrico Nacional o si en esta ocasión ser corregirán los errores del pasado y se procederá a una transparente reconstrucción del SEN saqueado.
Durante años, el colapso del sistema se explicó con excusas: sequía, sanciones, sabotaje, falta de inversión. Pero la verdad es más cruda, pues el sistema eléctrico no colapsó por hechos fortuitos, sino porque miles de millones de dólares se diluyeron en obras inconclusas, contratos opacos y una cadena de intermediarios que dejaron turbinas abandonadas y a un país entero viviendo entre apagones.
Las dudas son obligatorias en razón de que, en este nuevo escenario, marcado por la apertura al capital privado, reaparece IMPSA, una vieja conocida del sector eléctrico venezolano. Ahora privatizada y bajo control estadounidense (1), la cual negocia con Corpoelec la reactivación de Tocoma y Macagua, dos obras emblemáticas del desastre eléctrico nacional que sumarían 672 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (2). De hecho, el 13 de junio del presente 2026 se firmó un acuerdo entre ambas empresas para completar los trabajos en la Central Hidroeléctrica Manuel Piar —mejor conocida como Tocoma— e incorporar hasta 2 640 MW al SEN a través de diez unidades de generación (3).
No hay dudas en que la reconstitución del Sistema Eléctrico Nacional es una necesidad, pero también es inevitable temer que tal hecho simplemente se convierta en una versión renovada de la corrupción chavista: ¿estamos ante una reparación histórica o ante la reedición de un negocio que nunca fue auditado?
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Tocoma: la obra que prometió luz y dejó sombras
La central hidroeléctrica Manuel Piar —mejor conocida como Tocoma— debió ser una obra estratégica en el bajo Caroní, diseñada para aportar más de 2 000 megavatios y con ello consolidar la capacidad hidroeléctrica del país.
Su construcción arrancó en plena bonanza petrolera, cuando el país desbordaba recursos para modernizar su red, pero, en lugar de esto, mutó en un símbolo de corrupción estructural. Los trabajos quedaron a medias y sus costos se dispararon entre la negligencia de contratistas y funcionarios. Odebrecht asumió la obra civil (4), IMPSA debía suministrar las turbinas, entretanto el gobierno aseguraba que todo avanzaba.
La realidad fue otra: equipos listos, pero sin instalar, pagos pendientes, infraestructura incompleta y una planta que nunca funcionó pese a los USD 33 000 millones desembolsados. Ante la comisión legislativa que investigó la crisis, ambas empresas ofrecieron versiones contradictorias. Y cuando una obra de tal envergadura no entra en operación y nadie responde penal ni patrimonialmente, no hablamos de errores: hablamos de un posible esquema de defraudación pública.
De contratista chavista a activo estadounidense
La relación de IMPSA con Venezuela nació en tiempos de afinidad política entre Buenos Aires y Caracas. Los contratos energéticos se movían entre acuerdos bilaterales, financiamiento público y poca transparencia. Eran los tiempos en que gobernaban Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner al son del socialismo del siglo 21.
Las turbinas que fabricó para Tocoma quedaron almacenadas fuera de Venezuela durante años. La empresa adujo impagos, incumplimientos y trabas derivadas de las sanciones. No obstante, la duda persiste: ¿cuánto pagó el Estado venezolano, qué recibió, quién avaló los desembolsos y quién responderá por una década de parálisis?
El tablero cambió en 2025. En la primera privatización de la era de Javier Milei, Industrial Acquisitions Fund —con ARC Energy como socio principal— adquirió IMPSA. La capitalización resultó baja respecto al tamaño de la compañía y sus deudas. Así, la firma pasó del control estatal argentino a manos de capitales privados estadounidenses (5).
De este modo, IMPSA ya no aterriza en Caracas como el antiguo socio kirchnerista, sino como una corporación obligada a rescatar contratos pendientes.
Un venezolano al frente de IMPSA: Jorge Salcedo
Al frente de esta nueva etapa de IMPSA se encuentra el abogado venezolano radicado en Estados Unidos, Jorge Salcedo Hernández. Su presencia no es irregular, pero sí relevante: un venezolano lidera una empresa que renegocia contratos estratégicos con Corpoelec (6).
Su designación obliga a examinar con lupa los mecanismos de cumplimiento, licencias OFAC, beneficiarios finales y condiciones de pago en esta nueva negociación.
En operaciones transnacionales complejas, la identidad del operador importa. La pregunta clave es bajo qué controles se pretende negociar para evitar que la reconstrucción se convierta en otra vía de transferencia opaca.
Corpoelec: el centro de la opacidad
Desde su creación, Corpoelec concentró todas las funciones del sector eléctrico. En la crisis eléctrica venezolana esta empresa es el epicentro del problema. Su modelo empresarial monopólico concentra generación, transmisión, distribución, contratación, mantenimiento, compras y administración del servicio.
Al mismo tiempo, eliminó controles, politizó decisiones técnicas y abrió espacio a la opacidad. El resultado: apagones, racionamientos, plantas dañadas y personal técnico emigrado.
La Asamblea Nacional ya aprobó en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico para permitir inversiones mediante concesiones (7). El país urge de mantenimiento y reconstrucción, pero privatizar o concesionar sin auditar el pasado equivale a blanquearlo. Antes de sellar cualquier trato sobre Tocoma o Macagua, urge una auditoría pública exhaustiva que abarque desde los pagos y equipos almacenados hasta los beneficiarios finales y deudas reales. Sin este examen, la renegociación legitimará el mismo circuito que causó el colapso.
Se requiere información sobre pagos realizados, equipos fabricados, equipos entregados, equipos almacenados, deudas reales, penalidades contractuales, sobrecostos, responsabilidades administrativas, beneficiarios finales y licencias y autorizaciones internacionales.
Macagua: la urgencia como argumento
En la mesa de negociación, Macagua figura como el objetivo de recuperación rápida —lo cual técnicamente es posible— bajo el argumento de que algunas unidades pueden rehabilitarse a corto plazo si la infraestructura base responde.
Sin embargo, la urgencia energética suele servir de coartada política. Históricamente, cada emergencia en Venezuela justificó adjudicaciones directas, pagos adelantados y nula rendición de cuentas. Omitir controles básicos bajo la consigna de la inmediatez fue, precisamente, el patrón que destruyó el sistema.
Conexiones bajo sospecha
La operación encierra además una dimensión geopolítica irreversible. Si IMPSA actúa amparada en licencias estadounidenses y se gestiona la liberación de fondos venezolanos bloqueados en el exterior, el caso muta en un asunto de seguridad financiera y política exterior.
Usar esos recursos es legítimo, pero liberarlos sin supervisión independiente abre las puertas a las redes de captura criminal que convirtieron los servicios públicos en botines de guerra. Si los contratos mantienen una confidencialidad excesiva y los beneficiarios finales permanecen ocultos, el modelo nacerá contaminado.
En Venezuela la falta de dinero nunca fue el problema, sino la captura del dinero por redes políticas, contratistas, intermediarios y operadores que convirtieron la infraestructura pública en su fuente de ingresos irregulares.
Por eso, cualquier plan de reconstrucción debe responder una pregunta elemental: ¿quién custodia el dinero?
Corpoelec no puede ser la alcabala por la que los fondos pasan por Corpoelec sin supervisión independiente, sería una repetición de la vieja historia de corrupción chavista. Si los contratos se firman con confidencialidad excesiva, el riesgo aumenta. Si los beneficiarios finales no son transparentes, el modelo del nuevo negocio eléctrico venezolano nace contaminado.
Rodrigo Lugones: ruido en Buenos Aires
El expediente añade ruido desde Buenos Aires y Madrid. La prensa argentina señala a Rodrigo Lugones, un asesor informal del entorno de Santiago Caputo, como un actor con influencia en el proceso de privatización de IMPSA (8).
Aunque los datos disponibles no demuestran una actuación ilegal o que él haya estructurado la compra, sí retratan un proceso con escasa competencia y un único oferente relevante. A veces, la opacidad no se esconde en el contrato final, sino en los pasillos previos, las comisiones por éxito —success fees— y los criterios políticos de selección. Si IMPSA es el vehículo para reactivar el negocio eléctrico en Venezuela, la privatización en Argentina y la negociación en Caracas integran una misma cadena que exige ser investigada en su totalidad.
Rodríguez Zapatero: una sospecha política, pero no acusación
Por otra parte, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, suele ser mencionado como un presunto facilitador contextual de redes entre Madrid, Buenos Aires y Caracas debido a su peso en las mediaciones venezolanas.
No obstante, la información pública actual no ofrece pruebas directas de su intervención en la privatización de IMPSA ni en los tratos con Corpoelec. Incluirlo como responsable sin evidencias debilitaría el rigor de este análisis. Su mención responde estrictamente a un interés de contexto de investigación. Es un asunto de pertinencia pues el historial del dirigente socialista obliga a tomar precauciones y lo hace objeto de investigación.
Hipótesis penales y banderas rojas
El escenario acumula demasiadas alertas rojas: obras milmillonarias inconclusas, contratistas que se culpan mutuamente por los retrasos, equipos retenidos por años y una alarmante opacidad en los términos de pago y beneficiarios finales.
Desde una perspectiva jurídica, los hechos plantean hipótesis penales claras que merecen investigación, sin que esto implique una sentencia anticipada:
- En Venezuela: podrían configurarse delitos de peculado, malversación, concierto de funcionarios con contratistas, daño patrimonial y legitimación de capitales.
- En Argentina: corresponde revisar la posible administración fraudulenta de activos estatales, tráfico de influencias o una privatización subvaluada en perjuicio del patrimonio público.
- En Estados Unidos: el uso de capital estadounidense, licencias OFAC o fondos bloqueados activa riesgos de lavado de dinero, fraude bancario y violaciones a las normas de cumplimiento transnacional.
La pregunta obligada e incómoda
Nadie duda de que Venezuela necesita arreglar la grave crisis eléctrica que padece, pero la gran interrogante es si esta reconstrucción, si el nuevo negocio eléctrico venezolano, servirá para sanar el país o para reciclar una arquitectura de negocios que jamás explicó dónde terminaron las fortunas invertidas.
La electricidad venezolana no se apagó sola. La apagó la corrupción institucional y la propaganda. Cualquier nuevo acuerdo con IMPSA o Corpoelec debe sostenerse sobre una premisa innegociable: no puede haber reconstrucción sin una auditoría transparente. Lo contrario no sería una solución histórica, sino una nueva fase del mismo negocio: vender como salvación lo que primero saquearon hasta las ruinas.
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Fuentes consultadas:
1) Lucila Sigal (8 de enero de 2025). “Argentina privatizes state metal firm in Milei era first”. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/argentina-privatizes-state-metal-firm-milei-era-first-2025-01-08/
2) Parraga, Marianna (9 de junio de 2026). “Venezuela, IMPSA move to renegotiate key hydroelectric contract”. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-impsa-move-renegotiate-key-hydroelectric-contract-companys-head-says-2026-06-09/
3) Parraga, Marianna y Symmes Cobb, Julia (13 de junio de 2026). “Venezuela, IMPSA sign agreement for large hydroelectric project, government says”. Reuters. https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-impsa-sign-agreement-large-hydroelectric-project-government-says-2026-06-13/
4) Transperencia Venezuela (S/F). “Odebrecht e Impsa evaden responsabilidad en el retraso de la Central Hidroeléctrica de Tocoma”. https://transparenciave.org/project/odebrecht-e-impsa-evaden-responsabilidad-retraso-la-central-hidroelectrica-tocoma/
5) Sigal, Lucila (8 de enero de 2025). “Argentina privatizes state metal firm in Milei era first”. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/argentina-privatizes-state-metal-firm-milei-era-first-2025-01-08/
6) Torrez, Juan Manuel (13 de febrero de 2025). “Primeros pasos: Impsa presentó su nuevo directorio con miembros de Arc Energy y el IAF”. Los Andes. https://www.losandes.com.ar/politica/primeros-pasos-impsa-presento-su-nuevo-directorio-miembros-arc-energy-y-el-iaf-n5938524
7) Moleiro, Alonso (4 de junio de 2026). “Venezuela se abre a la inversión privada en el sistema eléctrico”. El País. https://elpais.com/america/2026-06-04/venezuela-se-abre-a-la-inversion-privada-en-el-sistema-electrico.html
8) Alconada Mon, Hugo (7 de abril de 2025). “Rodrigo Lugones, el ‘monje negro’ del ‘monje negro‘’ que analiza privatizaciones y define estrategias del Gobierno”. Notiar.com. https://notiar.com.ar/index.php/actualidad1/135903-rodrigo-lugones-el-monje-negro-del-monje-negro-que-analiza-privatizaciones-y-define-estrategias-del-gobierno-por-hugo-alconada-mon