Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los pensionados que forman parte del Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, que abra una investigación contra los responsables de de Junta Administrativa del Fondo (APJ-PDV) que fue designada por la Junta Directiva de la petrolera. En la carta, entregada a la ANC el 4 de septiembre de 2019, se denuncia el impago de los intereses de los bonos de PDVSA-2017 por USD 3.775 millones que a la tasa de interés de 9.5 % anual, equivaldría a USD 358.625.000,00.
En la misiva de la Asociación de jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonísfera (AJIP) se expone la grave situación que atraviesa el fondo y sus beneficiario. Pidieron a Cabello que ejerza sus oficios para que resuelva «con criterio de alta prioridad de Estado» la crisis que afecta a 30.999 hogares de Venezuela.
Advierten que el fondo ha sido utilizado «en el tiempo por PDVSA para otros fines distintos a lo establecido desde la creación de la APJ-PDV en el año 1993, violándose sistemáticamente los estatutos del fondo» y por ende afectando a sus 30.999 beneficiarios, los jubilados y sobrevivientes de PDVSA y filiales que viven en condiciones de pobreza creciente inducida por la propia PDVSA S.A.
Desde el año 2005 hasta el presente -dicen- «se ha venido agudizando la situación de los pensionados y sobrevivientes» que viven en pobreza creciente, sin poder tener acceso a alimentos, medicinas y servicios médicos. Asimismo, aseguran que hasta el presente «el impago incide en que haya un promedio diario de dos fallecidos que en vida tenían la expectativa de recibir el pago de los intereses de la deuda parcial de PDVSA con APL-PDV de USD 3.775 millones de dólares a 9.5 % anual», así como también «recibir el pago pendiente del remanente excedente del Fondo de Pensiones de los años 2014 y 2015, de acuerdo a los resultados de la auditoría de la consultora externa KPMG».
Informan que la AJIP, a lo largo de 4 años, ha pedido a PDVSA, a la API-PDV, a la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República ayuda para buscar una acción efectiva dentro de PDVSA que es la responsable de la gestión administrativa y financiera del fondo pero hasta la fecha no han logrado ninguna respuesta.
Refieren que el 22 de noviembre de 2018 se entregó una carta oficial a Fernando de Quinta, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, con atención a Iris Medina Fernández, presidenta de la Junta Administrativa del Fondo de Pensiones (APJ-PDV) solicitando una rendición de cuentas y la entrega de soportes. y documentos que avalan el descuento, el débito de los USD 226.824.942,00 millones debitados al total de USD 257.216.002 millones al 9.5 % anual por los bonos PDVSA-2017, quedando apenas a distribuir y cancelar 30.391,053 millones a los jubilados y sobrevivientes. A casi un año de la solicitud AJIP, aún están en la espera respuesta.
Ni PDVSA ni APJ-PDV entregaron las pruebas solicitadas de las cuantiosas sumas debitadas al rendimiento anual mencionado por los intereses de los bonos PDVSA-2017, aseguran.
Los jubilados informaron que pidieron a Nicolás Maduro Moros una reunión para que resuelva con carácter de urgencia la crítica situación que presenta el fondo de pensiones y los pensionados y que tiene un impacto negativo en 30.999 para hogares venezolanos.
Denuncian que los pensionados sólo reciben Bs. 40.000 equivalente a un salario mínimo que los obliga a vivir en la pobreza.
Denuncian que los pensionados sólo reciben Bs. 40.000 equivalente a un salario mínimo que los obliga a vivir en la pobreza.
He aquí la carta:
