Por Maibort Petit
Los dos abogados que defendieron hasta el 1 de abril de 2016 a Franqui Francisco Flores de Freitas tienen en común ser líderes de opinión en materia de racismo, de los derechos de los afroamericanos y de los latinos, así como del hacinamiento de la población carcelaria. Han sido protagonistas de la lucha por llevar a cabo reformas del Sistema Judicial Federal basados en los preceptos de que las minorías son más expuestas a las condenas que los otros sectores sociales.
Los dos abogados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny, tienen entre sus records haber trabajado casos importantes de droga, y son conocidos como expertos en suprimir evidencias generadas por agentes de la DEA.
Ambos han tenido una destacada actuación en juicios federales a favor de las minorías y muchos los consideran como un grupo de profesionales anti-establishment.
Los dos profesionales del derecho criminal han expresado públicamente ser contrarios al sistema judicial y carcelario y se han especializado en procedimientos de investigación preventiva.
A continuación comparto con ustedes los perfiles de los dos abogados públicos que defendieron a Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro.
¿Quién es Vincent Michael Southerland?
Vincent M. Southerland es abogado de la Asociación de Defensores Federales de Nueva York desde el 2015. Anteriormente formó parte de la NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF), en la cual trabajó 7 años y llegó a destacarse como Consejero Senior. Esa organización está dedicada a la causa de intersección de la raza en la Justicia Criminal, incluyendo la representación de los reos sentenciados a muerte provenientes de Suramérica y de los jóvenes sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.
Southerland también prestó servicios como abogado en la oficina de Defensores Públicos del Bronx. Estudió en Georgetown University Law Center. Se graduó Summa Cum Laude en la Universidad de Connecticut y en Temple University.
Vincent Southerland es casado con otra abogada, Ndidi Oriji, quien es vicepresidente de Normas de Publicidad en NBC Universal. Ambos se conocieron en una página de citas por internet.
Algo interesante que hay que tomar en cuenta de este abogado es que ha sido la cabeza principal de un movimiento que busca eliminar el racismo del sistema de Justicia Criminal, incluyendo la pena capital. Ha trabajado en centros que luchan por eliminar la encarcelación masiva del sistema estatal y federal de prisiones y se ha convertido en una voz reconocida de los grupos que claman la eliminación de la discriminación racial en la administración de justicia de los Estados Unidos.
Ha representado muchos convictos sentenciados a pena de muerte en las cortes estatales y federales y es especialista en temas relacionados con cadena perpetua. Este abogado ha logrado concluir con mucho éxito casos de sentencias en reos acusados de tráfico de cocaína. Es experto en este tipo de delitos y en varios casos ha logrado suprimir evidencias usadas por la fiscalía para acusar a narcotraficantes.
Cuando Southerland actuó como consejero principal en el Proyecto de Justicia Criminal de LDF denunció a la colectividad que los defensores públicos federales trabajan con recursos limitados y un alto número de casos, por lo que se ven obligados a hacer aún más con menos: comprar sus propios equipos de oficina; asumen las cargas de casos más claros; renuncian a los intérpretes, investigadores y personal de apoyo crítico.
Vicente Southerland ha criticado abiertamente al gobierno de los Estados Unidos por los recortes hechos por el Departamento de Justicia al presupuesto de defensa pública. Denunció que el recorte presupuestario afecta la atención que los abogados públicos le dan a los clientes indigentes lo cual, según el abogado de Franqui Francisco Flores de Freitas, afecta a los defendidos.
De acuerdo con este profesional “los afroamericanos y los latinos son la mayoría de los que enfrentan cargos criminales con representación legal socavada por la tensión financiera en los Estados Unidos”. Pulsar aquí para más detalles.
Vicente Southerland es ampliamente conocido como líder de opinión de los grupos que buscan terminar con las sentencias de cadena perpetua obligatorias para los menores. Desde mediados de la década de 2000, por medio del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, este abogado ha viajado por diversos estados para hacer lobby a favor de esta propuesta.
¿Quién es Jonathan Marvinny?
El que fue hasta esta semana defensor público de Franqui Francisco Flores de Freitas, es conocido como un abogado que logra reducir sentencias.
Marvinny comenzó su carrera legal como abogado en la Oficina del Defensor de Apelación (OAD), donde litigó casos en la División de Nueva York de Estado de Apelación, Primer Departamento Judicial y el Tribunal de Apelación de Nueva York. Después trabajó como abogado en la Sociedad de Ayuda Legal en Brooklyn y en el Servicio de Defensa del Barrio Harlem, donde representó a sus clientes en los tribunales del estado de Nueva York. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en 2004.
Jonathan Marvinny fue una pieza clave en la defensa y condena de Dennis Hardee un caso que desarrolló en Filadelfia. Este acusado fue declarado culpable de participar en una conspiración para robar de una casa de seguridad cocaína y luego vender el producto. El caso pasó a ser parte de la historia por la acción de los defensores, entre quienes se destacó Marvinny. La defensa de Hardee sostuvo con éxito que los cargos contra su cliente fueron inventados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y argumentaron que es una práctica táctica común dirigida a perseguir a los depredadores violentos del comercio de drogas.
Los abogados lograron bajar la sentencia solicitada por la Fiscalía, algo que es sumamente inusual. En enero de 2015, Hardee —quien podría haber recibido una condena de 30 años o cadena perpetua, o al menos el mínimo obligatorio de 10 años establecido por condenas que implican una gran cantidad de narcóticos—, recibió, apenas, siete años y ocho meses.
Los abogados de Hardee presentaron una moción según la cual su cliente fue víctima de “atrapamiento de sentencia”, es decir, que el gobierno había manipulado la cantidad de drogas en la cual basaba la conspiración con el fin de ganar la pena máxima.
Luego el nombre de Jonathan Marvinny volvió aparecer en la opinión pública cuando presentó una petición de descubrimiento para obtener de la DEA y la Oficina del Fiscal Federal mayor información, a objeto de que suministrara mayor documentación de los casos de clientes que han sido detenidos y resultado culpables de alijos de cocaína. Quería establecer una relación entre el número de casos acusados por el gobierno y el número personas blancas en la lista.
Para apoyar su afirmación de descubrimiento, Marvinny argumentó que no había blancos entre los acusados de cometer estos crímenes en Nueva York y que, si se aborda el tema de descubrimiento con la DEA, podría arrojarse más luz sobre este asunto.
El juez no estuvo de acuerdo, al dictaminar que proporcionar datos sobre los delincuentes blancos no es suficiente para mostrar el procesamiento selectivo. Estimó que eran necesarias otras pruebas para demostrar si un informante o agente encubierto de la DEA que se entere de la participación de que una persona blanca está dispuesta a robar en una casa de seguridad, éste decide si él o ella apunta en una picadura.
Sin embargo, mientras la ATF y la DEA continúan realizando las picaduras de las casas en falsos escondites, hay indicios de que este litigio agresivo está obligando al gobierno a cambiar su enfoque en la forma en que son procesados los indiciados.
Estos dos abogados fueron sacados del caso de Flores cuando el acusado, Franqui Francisco Flores de Freitas decidió contratar a uno de los más costosos escritorios jurídicos de la ciudad de Nueva York: Sidley Austin LLP, Michael D. Mann y David M. Rody.