Gobierno de EEUU pide protección de las evidencias que se presentarán en juicio del Chapo Guzmán

La prensa no podrá tener acceso a una parte de los materiales que usará el gobierno pasa probar la acusación contra El Chapo Guzmán para proteger a los testigos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El gobierno de los Estados Unidos solicitó a la corte del Distrito Este de Nueva York una orden de protección que impedir la difusión, más allá del acusado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y su abogado defensor, de las evidencias y las declaraciones de los testigos que se entregarán como parte del material del descubrimiento proporcionado de conformidad con Regla Federal de Procedimiento Penal 16.

En una carta enviada por el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Robert L. Capers y el jefe de Antinarcóticos y Drogas Peligrosas de la Sección Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Arthur G, Wyatt, se señala que el material protegido incluye, pero no se limita a, declaraciones del acusado, evidencias relacionada con drogas, tales como informes de laboratorio y fotografías, documentos y grabaciones con equipos de vigilancia electrónica, documentos que contienen declaraciones de testigos y pruebas de Identidad y ubicación.

El gobierno también solicitó que la Corte ordene que el material Protegido se devuelva al gobierno al concluir el caso.

Argumentan que la fiscalía hace dicha solicitud, debido a la capacidad “previamente demostrada del acusado para intimidar y utilizar la violencia contra
testigos y obstaculizar las investigaciones policiales”.

Sostiene que existe un riesgo significativo de la difusión del Material Protegido, más allá del acusado y del abogado defensor, ya que con ello se pone   en peligro la seguridad de los testigos y sus familias y la integridad de las Investigaciones que se llevan a cabo en este y otros distritos. 

La fiscalía dice que durante el juicio se presentarán numerosos testigos cooperantes que testificarán en contra del acusado, y verificarán que Guzmán es el líder del Cártel de Sinaloa, la mayor empresa de narcotráfico del mundo, cuyos miembros -bajo el control del demandado- están activos en todo el Hemisferio Occidental, incluso en Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos, incluyendo el área de Nueva York.

También se espera que esas personas testifiquen sobre la influencia omnipresente del acusado, la corrupción de las autoridades policiales mexicanas y de las autoridades gubernamentales con obstaculizar la justicia mediante, entre otros medios, la interferencia con las investigaciones, frustrando la detección -por parte de la policía- de la actividad delictiva de él y de sus asociados. 

Sostiene que los testigos testificarán sobre los esfuerzos concertados del acusado para descubrir y socavar la ley y sobre las técnicas de aplicación de la ley en un esfuerzo por obtener una ventaja táctica sobre la aplicación de las investigaciones. 

Los testigos cooperantes informarán acerca del uso de la vigilancia electrónica por parte de otros miembros del Cártel para vigilar a sus miembros organización. 

Finalmente sostienen que los  testigos cooperantes darán información sobre el uso prolífico de la violencia por parte del acusado, incluido el asesinato y el secuestro, para disuadir y silenciar a las personas que actuaron contra el interés del demandado. 

Específicamente, los testigos cooperantes informarán sobre las órdenes que dió el acusado personalmente para asesinar a los sospechosos de operar contra sus intereses y los del Cartel.

A pesar del encarcelamiento actual de Guzmán, el Cártel de Sinaloa y las organizaciones de narcotraficantes aliadas, continúa operando activamente a través de sus líderes, entre ellos el socio del acusado y el coacusado Ismael Zambada García. 

El propio acusado no fue disuadido de operar su empresa criminal mientras se encontraba encarcelado en dos cárceles de máxima seguridad en México. En consecuencia, existe una justificación sustancial para evitar la difusión del Material Protegido a personas distintas del demandado y u defensa y para exigir que el Material Protegido sea devuelto al gobierno al cierre del caso.


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