En un nuevo giro procesal dentro del caso federal contra Nicolás Maduro, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha intensificado su ofensiva legal al solicitar al tribunal una orden de protección estricta sobre la evidencia del caso, alegando riesgos significativos para testigos, investigaciones en curso y la integridad del proceso judicial.
En una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, fechada el 1 de abril de 2026, los fiscales federales defendieron su petición original —presentada el 23 de marzo— y rechazaron la propuesta de la defensa que busca ampliar el acceso a materiales sensibles.
El núcleo del conflicto radica en la posibilidad de que la defensa comparta información clasificada como “Disclosure Material” con coacusados que aún no han sido detenidos y permanecen fuera de la jurisdicción estadounidense. Entre ellos figuran altos perfiles del aparato chavista como Diosdado Cabello, así como otros operadores clave señalados en el expediente.
Riesgo de obstrucción y manipulación
La Fiscalía advierte que permitir el acceso irrestricto a estas pruebas podría generar “riesgos intolerables”, incluyendo la posibilidad de intimidación o eliminación de testigos, destrucción de evidencia y obstrucción activa de la justicia.
“El peligro no es teórico”, sostiene el documento, subrayando que los coacusados no solo permanecen prófugos, sino que tienen incentivos claros para interferir con el proceso. Según los fiscales, facilitarles acceso a información sensible podría comprometer gravemente la viabilidad del caso.
La defensa, por su parte, argumenta que estos individuos podrían convertirse en testigos potenciales bajo la Regla 15 de Procedimiento Penal Federal, que permite declaraciones anticipadas en circunstancias excepcionales. Sin embargo, el gobierno cuestiona esta lógica y señala que tal acceso solo debería permitirse si el tribunal aprueba explícitamente una deposición.
La batalla por la “Regla 15”
Como punto intermedio, la Fiscalía propuso una versión revisada de la orden de protección que permitiría compartir evidencia únicamente cuando un juez haya autorizado formalmente una deposición bajo la Regla 15, y solo en la medida estrictamente necesaria para prepararla.
Esta limitación busca equilibrar el derecho a la defensa con la protección de información altamente sensible, en un caso que involucra no solo acusaciones de narcoterrorismo, sino también redes de crimen organizado transnacional con posibles ramificaciones estatales.
El gobierno también dejó claro que no se opone a que la defensa entreviste a los coacusados, siempre que no se les entregue material probatorio confidencial.
Un caso con implicaciones geopolíticas
El proceso judicial contra Maduro —quien fue extraído de Venezuela el 3 de enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos— se desarrolla en un contexto político altamente complejo, marcado por la transición de poder en Caracas bajo la figura de Delcy Rodríguez y una reconfiguración de relaciones con Washington.
Este caso no solo representa un desafío judicial, sino también un precedente en materia de persecución penal contra estructuras de poder estatal acusadas de operar como organizaciones criminales.
Un precedente sin comparación
La Fiscalía subraya que no ha encontrado precedentes en los que una defensa haya solicitado compartir evidencia con coacusados prófugos en circunstancias similares, calificando la petición como “extraordinaria” y fuera de los estándares habituales del sistema judicial estadounidense.
En ese sentido, el gobierno insiste en que el tribunal debe rechazar la propuesta de la defensa y adoptar su versión de la orden de protección para evitar daños irreparables al caso.
La disputa sobre el acceso a la evidencia marca una fase crítica del proceso contra Maduro y sus coacusados. Más allá de un debate técnico, lo que está en juego es la capacidad del sistema judicial estadounidense para manejar un caso de alto perfil internacional sin comprometer la seguridad de testigos ni la integridad de la investigación.
El juez Hellerstein deberá ahora decidir si prioriza la amplitud del derecho a la defensa o la contención de riesgos que, según la Fiscalía, podrían desestabilizar uno de los procesos más sensibles en la historia reciente del Distrito Sur de Nueva York.