En esta entrega hacemos referencia a los estados Aragua, Táchira y Sucre.
Por Maibort Petit
El crimen organizado y la corrupción parecen haberse enquistado en Venezuela en donde actúan, como todo así lo indica, con la anuencia y complicidad de funcionarios del estado. En esta nueva serie veremos cómo operan las organizaciones criminales en algunos estados del país, específicamente se hace mención a Aragua, Delta Amacuro, Falcón, Nueva Esparta y Sucre, al igual que se hace referencia a Apure, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia.
Tal análisis forma parte del informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.
En Aragua
En el estado central de Aragua opera la que, sin dudas, es la mayor megabanda criminal de Venezuela, a saber, el “Tren de Aragua”, conformada por unos mil miembros comandados desde el Centro Penitenciario de Aragua conocido como “Tocorón” donde está preso su líder principal, Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
Esta megabanda surgió en 2002 a la sombra del “sindicato” que controlaba el ingreso de trabajadores en las obras de construcción del tramo del ferrocarril o tren que atravesaría el estado Aragua y que cobraba a los obreros por conseguirles empleo y luego cuotas semanales para mantenerlo. Tales irregularidades derivaron en delitos que incluyeron el asesinato de quien se negara a pagar o disputara el poder de la ilegal agrupación sindical. A estos delincuentes se les comenzó a llamar el “Tren de Aragua”, consolidándose como agrupación criminal que se diversificó y extendió sus tentáculos en todo el estado Aragua.
El asentamiento principal del “Tren de Aragua” en el barrio San Vicente, del municipio Girardot, es una de las “zonas de paz” creadas por el régimen de Nicolás Maduro. La megabanda también tiene presencia en el barrio “La Pedrera” de Maracay.
El “Tren de Aragua” en la actualidad controla los negocios delictivos en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “la cárcel de Tocorón”. Uno de esos negocios es el cobro de la denominada “causa” o cuota —semanal o mensual— que deben cancelar los más de 7.000 privados de libertad de la cárcel de Tocorón y que equivale a entre USD 10 y 15 por recluso. Los internos que no pagan, porque ellos o sus familiares no tienen recursos, deben cumplir distintas labores de trabajo en la cárcel. A esto se suma el pago que hacen algunos reclusos con capacidad económica por ocupar áreas especiales y otros privilegios, lo cual genera ingresos que se calculan en unos USD 1.500.000 anuales.
Desde Tocorón también controlan la prostitución y la venta de drogas. En el penal, incluso, hay sembradíos de marihuana y se comercia con alcohol, cigarrillos, alimentos, ropa y otros bienes. Manejan el negocio de apuestas dentro de este recinto; hay varios restaurantes como el llamado “El Sazón del Hampa”; la discoteca “Tokio”, donde se han presentado artistas nacionales y extranjeros; y hasta una especie de “banco”, donde a cambio de una comisión, los reclusos hacen retiros en efectivo el dinero; esta “entidad bancaria” hace préstamos a intereses leoninos.
El líder de la pandilla o “pran” y su estructura de criminales cuentan también dentro de Tocorón con piscina, campo de béisbol y hasta con un zoológico.
El “Niño Guerrero” vive en una casa de dos pisos en el penal, con televisión por cable y hasta planta eléctrica, donde recibe visitas de personas ajenas al centro penitenciario.
El poder del “Tren de Aragua” se extiende extramuros del penal, la extorsión es uno de los principales delitos que ejercen mediante el cobro de “vacuna” a muchos industriales, comerciantes y productores agropecuarios de la región y estados cercanos. Quien se niegue a pagar puede ser objeto de atentados contra sus propiedades o puede ser asesinado. La distribución y venta de drogas en los barrios y urbanizaciones del estado Aragua es otra de sus actividades, además de secuestros dirigidos desde Tocorón. El sicariato, robo y hurto de vehículos, son otras de sus fuentes de ingresos.
El “Tren de Aragua” se ha constituido como una especie de franquicia criminal a la que se asocian otras bandas que, en algunas áreas de sus negocios, deben compartir ganancias con el “Niño Guerrero.
Transparencia Venezuela estima que para desempeñar la actividad criminal desde dentro de la cárcel de Tocorón, es necesaria la connivencia de funcionarios, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodia la parte externa del penal, como del personal del Ministerio Penitenciario encargado de la parte interna.
Buena parte de los delitos que el Tren de Aragua coordina desde la cárcel se coordina por telefonía celular y otras tecnologías, pues no se cumple la ley que regula el uso de estas tecnologías en las cárceles.
Refiere el informe que el “Niño Guerrero” ha sido “beneficiado con algunas decisiones judiciales como, por ejemplo, la dictada por el tribunal sexto de juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, que lo absolvió en junio de 2018 de la acusación por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir. En este juicio, se prescindió del testimonio directo de la víctima y se hizo sin la presencia del acusado en sala. En ese mismo mes y año, en otra causa penal en la que había sido condenado a un poco más de 17 años de prisión, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones de estado Aragua, la revisión y reajuste de la pena a Héctor Guerrero”.
Las actividades delictivas del “Tren de Aragua” se han extendido hacia otras entidades como el estado Bolívar, donde controlan varias minas ilegales. En el estado Sucre existen células que controlan el narcotráfico y el contrabando hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe. En Carabobo y en el sur del estado Guárico, cometen múltiples delitos, como robos, secuestros, homicidios y extorsiones contra comerciantes, industriales y productores agropecuarios. Esta ramificación a otros estados requiere, indudablemente, de la complicidad de funcionarios civiles, ligados al poder político, y militar.
Las acciones del “Tren de Aragua” se han extendido a Perú, Brasil y Colombia.
Acota el informe que pese que es la más grande de Venezuela, todavía el “Tren de Aragua” no ha alcanzado el grado de sofisticación de los carteles mexicanos, Las Maras de El Salvador o el de las pandillas brasileñas, pero de continuar su crecimiento y fortalecimiento, podría convertirse en un gran problema, no solo para Venezuela, sino para la región.
En Táchira
Varios grupos criminales actúan en el estado Táchira, dedicados al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de gasolina y otros bienes, a la par de que ejercen el control de los pasos fronterizos informales o “trochas”, entre otros delitos.
Táchira es la entidad venezolana con más agrupaciones irregulares, entre ellas, grupos armados organizados (GAO) como Los Rastrojos, los Urabeños (también conocidos como “Clan del Golfo”, “Clan Úsuga” o “Autodefensas Gaitanistas”), las Águilas Negras y el Ejército Popular de Liberación (EPL), conocidos como los “Pelusos”. A estos se suman el ELN y las FARC.
También opera “La Línea”, un apéndice del “Clan del Golfo” presumiblemente dirigida por Jesús José Hernández Almarza alias “El Causa”; los “Bota de Cauchos” o “Botacauchos” (por el material de las botas que usan), con aparentes vínculos con funcionarios civiles y militares venezolanos
Refiere el informe que el FBL (conocidos como los “Boliches”) y el “Tren de Aragua”, también tienen presencia en Táchira dese 2018, cuando Freddy Bernal fue designado por Nicolás Maduro como “Protector del estado Táchira”. En la entidad los colectivos han adquirido protagonismo en el dominio de varias “trochas” y de otras actividades ilícitas en la región.
Se acota que la presencia de la delincuencia organizada en este territorio binacional se ve incentivada por los reiterados cierres de frontera; el creciente paso de venezolanos que migran hacia Colombia o atraviesan por allí en ruta hacia otros países de la región; la diferencia en el costo de muchos bienes; la escasez de muchos productos en Venezuela; las dificultades para obtener los documentos necesarios para pasar de un lado a otro; la búsqueda de rutas de salida de la cocaína producida en Colombia; el combate frontal por parte de Colombia contra los grupos irregulares.
El control de las “trochas” se ha convertido en guerra en el estado Táchira. En los caminos verdes los grupos de delincuencia organizada protagonizan constantes conflictos armados por el dominio de estos pasos.
Las víctimas de estos enfrentamientos no solo son los miembros de los grupos irregulares, sino también funcionarios de las fuerzas militares y policiales, así como civiles que transitan o hacen vida en la zona.
Las “trochas” son un negocio gigantesco para los grupos irregulares que les reporta miles de dólares diarios, pues cada persona que requiera pasar la frontera debe pagar a estas mafias. Estos pasos ilegales también se usan para contrabandear gasolina y otros bienes que van de lado a lado.
La corrupción facilita el contrabando en la frontera tachirense.
El ELN y las FARC ejercen control social sobre las comunidades que están en los territorios que dominan, llegando incluso a suplantar al Estado en algunas tareas como, por ejemplo, la policial. Los castigos para los que incumplan sus reglas pueden ir desde una multa, hasta la muerte.
El estudio permitió conocer la existencia de reclutamiento forzoso, inclusive de niños y adolescentes, estableciéndose que las terribles condiciones de vida que sufre el pueblo venezolano, impulsan a muchos jóvenes a ingresar a algunas de estas agrupaciones de delincuencia organizada.
En Sucre
Entretanto, el estado Sucre es el epicentro de diversas actividades de delincuencia organizada, como narcotráfico, robo de transportes de carga, trata de personas, extorsiones y secuestros, entre otros delitos.
La cercanía de Sucre con Trinidad y Tobago propicia actividades ilícitas entre ambos, siendo la principal el narcotráfico. Muchos pueblos de la entidad, especialmente los de la Península de Paria, están tomados por bandas delictivas organizadas que se adueñaron del tráfico de drogas en esta ruta.
Testimonios, recogidos por la redacción del informe, señalan que Río Caribe, San Juan de Las Galdonas, Santa Isabel, San Juan de Unare, Güiria, Yaguaraparo, Guacuco y Guarataro, están controlados por bandas delictivas que se dedican al narcotráfico hacia el Caribe.
El principal grupo delictivo, “Los Valencianos”, es un apéndice o célula del “Tren de Aragua”, conformada por delincuentes que deberían estar pagando condena en el penal aragüeño, pero que inexplicablemente están en libertad.
Las entrevistas realizadas para la elaboración del informe señalan que la llegada de estos delincuentes de Tocorón a Sucre tendría que ver con la relación cercana entre Tareck El Aissami y Edwin Rojas, gobernador del estado, quien fue viceministro en el Ministerio de Interior y Justicia cuando este despacho estaba en manos del primero.
También operan las bandas de “Zacarías” y la de “Ring Doblado”, la primera dirigida por un delincuente del estado Bolívar, donde también estaría relacionado con la extracción ilegal de oro. En Río Caribe, alias “Edguer” y sus lugartenientes “Chipilín”, “Chuche” y “Coco” dominan el tráfico de drogas y ejercen control social en el poblado, todo con el presunto apoyo de autoridades locales.
Los habitantes de los pueblos de la Península de Paria viven con temor y guardan silencio por temor a ser asesinados. Aseguran que funcionarios civiles y militares también estarían involucrados en estos delitos.
El narcotráfico en la zona ha hecho que, en los pueblos de la costa de Sucre, sus pobladores hayan abandonado la pesca y, ya sea porque fueron reclutados o por voluntad propia o forzosamente, ahora se dedican al tráfico de drogas. El turismo en la actualidad es casi inexistente y la producción agrícola mermó.
Sucre es uno de los principales puntos de traslado de migrantes ilegales hasta Trinidad y Tobago, a través de embarcaciones que zarpan desde Güiria. Las personas deben pagar cerca de USD 300 para ser trasladadas en una embarcación que, muchas veces, va sobrecargada de migrantes y mercancía de contrabando, lo aumenta el riesgo de naufragio. En muchos de los botes que zarpan desde Güiria se trasladan mujeres que, por voluntad propia o bajo engaño, van a Trinidad y Tobago a ser explotadas sexualmente. En esta actividad estarían involucradas autoridades.
La delincuencia organizada en Sucre también se dedica a la piratería por carretera. Se roban camiones y gandolas de carga. Tanto en la troncal 9, que comunica al estado Sucre con Anzoátegui, así como en la troncal 10, que conecta a Sucre con Monagas, existen bandas que se dedican a asaltar a camiones de carga, vehículos de transporte y de particulares. Allí operan la banda de “El Curi”, de alta peligrosidad.
Una constante en todas las actividades delictivas desarrolladas en el estado Sucre es la impunidad, pues sólo en algunos casos el Ministerio Público adelanta las investigaciones de rigor. “Pareciera que los cuerpos de seguridad solo actúan cuando un grupo delictivo afecta sus intereses”, destaca el informe.