Por Maibort Petit
@maibortpetit
Durante el primer semestre de 2017 el departamento de Procura de CITGO autorizó la compra —con carácter de urgencia— de más de 2.000 impresoras digitales de varias marcas y modelos por un costo de más de 2 millones de dólares. Los equipos comprados por la filial estadounidense de PDVSA se usan actualmente en Venezuela para elaborar los carnets de la Patria.
La compra fue autorizada por el presidente de CITGO para ese entonces, el fallecido Nelson Martínez y el actual vicepresidente de Servicios Compartidos, Glenn Hilman. Ambos ejecutivos ejecutaron todas las órdenes emanadas de la directiva de PDVSA sin objetar la legalidad o transparencias de dichas operaciones.
El carnet de la patria es un documento de identidad que incluye un código QR único personalizado que cuenta con una billetera digital que se articula dentro de un sistema estatal de pago electrónico56 y en la cual los portadores también pueden recibir distintos bonos monetarios por parte del Estado venezolano.
El uso de ese carnet ha sido calificado como un mecanismo de control de la población, una política de exclusión social así como un método de coacción para la compra de votos durante las elecciones regionales de Venezuela de 2017, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018.
El régimen de Maduro ha obligado a muchos venezolanos a sacarse un un carnet para comprar las bolsas de comida (CLAP), obtener gasolina subsidiada o cobrar el bono de dinero con los que pagan los votos a favor de Maduro, conseguir casas de la ‘Gran Misión Vivienda’.
Una fuente consultada y que por su seguridad pidió mantenerse bajo anonimato, señaló que “Gracias a la adquisición y entrega de las modernas impresoras digitales para elaborar el carnet de la patria, CITGO, Nelson Martínez y Glenn Hilman contribuyeron al fortalecimiento del régimen autoritario de Nicolás Maduro”.
La fuente sostiene que “Esta práctica es una muestra más de violaciones del velo corporativo que ponen a CITGO en situación de alto riesgo legal ante terceros. Tal como sucede con el caso Crystallex, CITGO se constituye en “alter ego” del gobierno venezolano al realizar compras para beneficiar políticamente al régimen venezolano, por decisiones complacientes de ejecutivos venezolanos y norteamericanos”.
“La Junta Directiva de CITGO, nombrada por el Presidente (e) Guaidó, debería investigar a fondo este caso y otros similares, establecer responsabilidades, tomar las acciones administrativas a que diere lugar y prevenir la recurrencia de esta mala práctica que puede causarle terribles consecuencias al Estado venezolano”, acota la fuente.
Esto es sólo la punta del iceberg