Demandan a Delcy Rodríguez en Nueva York: hasta dónde llega su inmunidad

Un expolicía de Aragua demandó a 48 personas por una presunta operación de represalia en Maracay. La primera orden de la jueza Laura Taylor Swain fija un plazo para pagar la tasa judicial o solicitar una exención. El reconocimiento de Washington a Rodríguez como jefa de Estado le da una defensa que podría sacarla del litigio antes de que se examinen las acusaciones.

El 4 de abril de 2025, según la demanda, funcionarios de la policía judicial venezolana detuvieron a la mujer que cuidaba el apartamento de la familia Boza en Maracay y se quedaron con las llaves. Al día siguiente, un grupo de motorizados entró en la vivienda. Esa es la secuencia con la que Álvaro Simón Boza Valera, un expolicía de Aragua que reside en Estados Unidos, sostiene una demanda civil contra 48 personas, entre ellas Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez. Boza afirma que la incursión fue una represalia por haber hablado del Tren de Aragua en CNN.

El escrito, fechado el 17 de noviembre, identifica a dos presuntos responsables directos y atribuye a otros demandados distintos grados de intervención, tolerancia u omisión. Boza presenta la demanda por cuenta propia en el Distrito Sur de Nueva York. Reclama una indemnización al amparo de la ley federal de protección a víctimas de tortura (TVPA) y de la ley federal contra el crimen organizado (RICO), por la que pide daños triples. La cuantía queda por determinar.

Quiénes son los demandados y qué les atribuye Boza

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Boza sostiene que Delcy, entonces vicepresidenta y titular de la cartera de hidrocarburos, tenía facultades de supervisión sobre organismos estatales y controlaba recursos que él vincula con las fuerzas que presuntamente intervinieron. Ya como presidenta encargada, le reprocha haber mantenido o ascendido a funcionarios demandados y no haber actuado contra la Organización de Motorizados Dependientes del Ejecutivo Regional (OMDER). A Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, le atribuye no haber impulsado una investigación legislativa sobre OMDER ni sobre el Tren de Aragua.

Diosdado Cabello, Douglas Rico y Richard Figueredo López. El escrito vincula a Cabello con el caso por su autoridad sobre el sistema policial como ministro de Interior y por lo que, según Boza, le dijo Chadi Hamzi Saad sobre su relación con el ministro. Rico figura por dirigir el CICPC, cuerpo al que el demandante atribuye la detención y el maltrato de Anabel Medina. Sobre Figueredo López, jefe de la delegación del CICPC en Aragua en abril de 2025 según la demanda, Boza sostiene que la operación difícilmente pudo realizarse sin su conocimiento, autorización o aquiescencia.

Vladimir Padrino López, Gustavo González López y Tarek William Saab. Boza señala a Padrino por el mando que tenía sobre la Fuerza Armada cuando ocurrieron los hechos. Alega que la actuación pública de motorizados armados requería autorización, suministro o tolerancia militar. Sobre González López, quien asumió Defensa en marzo de 2026 según el expediente, sostiene que una dependencia del ministerio siguió abasteciendo de armas a OMDER. A Saab le reprocha que, durante su gestión como fiscal general, no investigara al grupo. Son alegaciones del demandante sobre responsabilidades distintas.

Dionisio Salinas y Chadi Hamzi Saad. Son los dos hombres a quienes Boza asigna papeles directos. Identifica a Salinas como presidente fundador de OMDER y lo señala por presuntamente dirigir a quienes entraron en el apartamento. Atribuye a Hamzi Saad la coordinación con los agentes que detuvieron a Medina y con los motorizados que habrían participado al día siguiente.

La incursión en Maracay y la llamada que Boza sitúa en Nueva York

Medina cuidaba la vivienda de la familia. Según Boza, agentes del CICPC la maltrataron y le quitaron las llaves el 4 de abril. Tras la incursión del día siguiente, afirma que desaparecieron o fueron destruidos documentos de su trayectoria policial y recuerdos del servicio militar de su padre, veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Boza sostiene que el objetivo inicial era retener a su madre, ciudadana estadounidense residente en Florida, para obligarlo a regresar a Venezuela. Ella nunca hizo ese viaje.

Los anexos de la demanda identifican a dos veteranos en la familia. Alejandro Boza, padre del demandante y esposo de Jacinta Ramona de Boza, sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sus cenizas fueron sepultadas en el Cementerio Nacional de Florida en 2019, cuando su familia recibió un certificado conmemorativo presidencial. Alexander Joseph Boza-Díaz, medio hermano de Álvaro por parte de padre, sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense en la época de la guerra de Vietnam y está sepultado en el Cementerio Nacional de Puerto Rico.

Boza afirma que desde Estados Unidos llamó a Salinas y que este le confirmó el despojo, lo presentó como represalia por su intervención en CNN en junio de 2024 y lo amenazó de muerte en Nueva York. El demandante también vincula un trámite catastral iniciado en abril de 2026 con la continuación del presunto despojo. Su madre aporta una declaración jurada al expediente.

Qué respaldan los anexos

El recorte de El Aragüeño incorporado a la demanda muestra que en 2012 ya se habían publicado denuncias sobre motorizados armados en una protesta. Las capturas de 2025 permiten comparar el emblema de OMDER con el de la Gobernación de Aragua. El mensaje militar que Boza atribuye a la ZODI 42 corresponde a Carabobo y está fechado seis meses después de la incursión. Su autenticidad sigue pendiente de corroboración. Para establecer quién ordenó la incursión y qué sabía cada demandado, harían falta pruebas que vinculen a esas personas con los hechos de abril en Aragua.

El expediente también incluye el registro FARA del abogado Jihad M. Smaili, quien identificó a Delcy Rodríguez como su principal extranjera y describió actividades relacionadas con sanciones y con una eventual candidatura presidencial. Una enmienda posterior, presentada el 23 de abril de 2026, informa que esa representación terminó con efecto al día anterior. El registro documenta lo declarado al Departamento de Justicia sobre el encargo.

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La carta de Washington que favorece la inmunidad de Delcy Rodríguez

El 10 de marzo de 2026, Michael G. Kozak, del Departamento de Estado, comunicó al fiscal federal Jay Clayton que Estados Unidos reconocía a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado con capacidad para actuar por Venezuela. La carta fue incorporada el 11 de marzo a otro expediente del mismo distrito, Stansell v. FARC. Ese reconocimiento le da a Rodríguez la base para invocar inmunidad personal en la demanda de Boza.

En Florida, el Ejecutivo ya aplicó esa posición al litigio civil Kenemore v. Maduro Moros. El 20 de julio, según PolitiFact, el Departamento de Justicia pidió desestimar las reclamaciones contra Rodríguez por su condición de jefa de Estado. La decisión de julio que reconoció 314 millones de dólares en daños a tres exdetenidos no incluyó a Rodríguez. La solicitud federal de inmunidad en Florida permite anticipar cómo podría pronunciarse Washington si interviene en Nueva York. La orden pública revisada en Boza Valera se limita a la tasa judicial.

La figura aplicable es la inmunidad personal de una jefa de Estado en ejercicio. En Samantar v. Yousuf, la Corte Suprema explicó que las demandas contra funcionarios extranjeros como personas físicas se rigen, en materia de inmunidad individual, por el common law federal. Esa protección es distinta de la que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) otorga a Estados extranjeros. En Lafontant v. Aristide, un tribunal federal de Nueva York aceptó la posición del Ejecutivo y desestimó una demanda civil de indemnización amparada en la TVPA contra el presidente haitiano reconocido por Washington. Aristide seguía reconocido por Washington como jefe de Estado cuando el tribunal resolvió, aunque se encontraba en el exilio.

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El cargo actual explica por qué la fecha de la incursión tiene un efecto limitado sobre esta defensa. Si Rodríguez sigue siendo la jefa de Estado reconocida y el Ejecutivo pide formalmente que se le reconozca la inmunidad en Boza Valera, la perspectiva de que el tribunal la excluya es muy alta. Formular la demanda a título individual y describir los actos como cometidos fuera de sus atribuciones no neutraliza una inmunidad que deriva del cargo. Si deja la jefatura, la protección personal cesa y podría subsistir una defensa distinta por actos oficiales, cuyo alcance debe examinarse según la conducta y la jurisprudencia aplicable. Una eventual exclusión de Rodríguez tampoco resolvería por sí sola las reclamaciones contra los demás demandados.

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Los dos obstáculos

Tortura. El primer reclamo exige, entre otros elementos, que la víctima estuviera bajo custodia o control físico del perpetrador. Boza litiga por el daño psicológico que dice haber sufrido en Estados Unidos. Su teoría es que los demandados lo controlaron a través de la detención de Medina, el dominio sobre la vivienda y la presión sobre él. La custodia física que describe en abril de 2025 es la de Medina. Extender ese elemento a Boza es el punto vulnerable de su planteamiento. También tendría que satisfacer la definición legal de daño mental prolongado y el requisito de agotamiento de remedios adecuados y disponibles en Venezuela, cuya inexistencia alega.

RICO civil. Boza sostiene que las represalias se dirigieron hacia Estados Unidos y que allí recibió las amenazas. Pero los bienes concretos que identifica como destruidos o apropiados estaban en Maracay. Boza alega que ese fallo desplazó la regla de Bascuñán y deja planteada la cuestión para una eventual apelación. La discusión será si las llamadas y el propósito atribuido a los demandados permiten localizar la lesión patrimonial en Estados Unidos. Los mismos problemas de lesión y causalidad alcanzan la reclamación por conspiración.

Qué decidió la jueza y cuál es el próximo plazo

La primera orden pública revisada en el expediente se ocupa de la tasa judicial. El 19 de noviembre, la jueza Laura Taylor Swain dio a Boza hasta el 21 de diciembre para pagar 405 dólares o solicitar autorización para litigar sin adelantar ese monto. Si el plazo vence sin que cumpla ni pida una prórroga, la causa será desestimada con posibilidad de volver a presentarla. Mientras el trámite siga pendiente, la orden impide que se emitan citaciones y que se exija respuesta a los demandados. La jueza aún no ha resuelto la inmunidad de Rodríguez ni las alegaciones de Boza.

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