La defensa de Cilia Flores documentó que el gobierno de Donald Trump negoció directamente con Nicolás Maduro. Pero los mismos registros contienen negativas expresas de reconocimiento, incluida una declaración del Departamento de Estado que sitúa esa política desde enero de 2019.
El 31 de enero de 2025, Richard Grenell viajó a Caracas y se reunió con Nicolás Maduro. El enviado de Donald Trump tenía instrucciones de gestionar el regreso de estadounidenses detenidos en Venezuela y facilitar las repatriaciones desde Estados Unidos. Ese mismo día, en Washington, una periodista le preguntó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, si el viaje significaba que Trump reconocía oficialmente a Maduro como presidente legítimo. Su respuesta fue de dos palabras: “Absolutely not”.
La reunión y la negativa aparecen en el mismo párrafo de la declaración que el abogado M. Andrés Sánchez-Ross presentó el 9 de noviembre ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. La defensa de Cilia Flores incorporó ese episodio a una reconstrucción de siete años de contactos entre Washington y Caracas. El expediente recoge llamadas presidenciales, negociaciones migratorias, acuerdos para liberar detenidos y declaraciones de funcionarios estadounidenses ante otros tribunales federales.
La documentación permite sostener que Washington negoció con Maduro porque tenía capacidad para asumir compromisos y hacerlos cumplir. La dificultad para la defensa está en demostrar que esos contactos también expresaron una decisión de reconocerlo como jefe de Estado. En el expediente, las negativas estadounidenses son específicas, contemporáneas a las negociaciones y consistentes con una carta posterior del Departamento de Estado.
Lo que presentó la defensa de Cilia Flores
El documento 359, de 63 páginas, es una declaración en apoyo de la solicitud de Flores para que se desestime la quinta acusación sustitutiva por inmunidad soberana. Sánchez-Ross señala que la petición renueva e incorpora la moción presentada en septiembre. También precisa que reunió documentos públicos para acreditar quién hizo cada declaración, en qué fecha y en qué contexto. El escrito ofrece el soporte documental de la petición de Flores. Su contenido permite examinar la premisa de que Maduro tendría inmunidad por su cargo, aunque el desarrollo jurídico íntegro de esa pretensión se encuentra fuera de la declaración.
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La reconstrucción comienza el 23 de enero de 2019, cuando Trump anunció el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Meses después, el propio Trump confirmó contactos de alto nivel con representantes venezolanos. La defensa también cita gestiones relacionadas con Suiza como potencia protectora y una orden de sanciones que incluía a integrantes del régimen de Maduro en su definición operativa de Gobierno de Venezuela. Cada documento responde a una finalidad distinta. La solicitud a Suiza se refería a la protección de intereses estadounidenses. La orden definía a quiénes alcanzaba el bloqueo de bienes. La declaración sobre Guaidó, en cambio, identificaba expresamente a la persona que Washington reconocía.
En 2023, la disolución del gobierno interino abrió otra pregunta: ¿quién representaba a Venezuela ante Estados Unidos después de Guaidó? El Departamento de Estado reafirmó entonces su reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida en 2015. La desaparición del interinato, por sí sola, deja sin probar que Washington hubiera transferido ese reconocimiento a Maduro. Para entonces, la Administración Biden ya había negociado con Caracas la liberación de estadounidenses. Su portavoz, Jen Psaki, explicó públicamente que trataban con Maduro porque retenía a ciudadanos de Estados Unidos y que seguían sin reconocerlo como líder del país.
Las negociaciones que el propio gobierno reconoció ante dos tribunales
En marzo de 2025, cuando el gobierno de Trump defendía ante la justicia federal su política de deportaciones, el funcionario del Departamento de Estado Michael Kozak declaró que Richard Grenell, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado Mauricio Claver-Carone habían negociado al más alto nivel con Maduro y sus representantes. Su declaración describe arreglos alcanzados tras conversaciones intensas y delicadas. El Departamento de Justicia invocó esas gestiones tanto en Washington, en J.G.G. v. Trump, como en Nueva York, en G.F.F. v. Trump.
Ese material tiene un peso particular. El propio gobierno estadounidense acudió a los tribunales para explicar que había obtenido la cooperación de contrapartes extranjeras. Las negociaciones produjeron resultados. Tras la visita de Grenell, Trump anunció el regreso de seis estadounidenses. En febrero, dos aviones de Conviasa trasladaron desde Fort Bliss, Texas, a unos 190 venezolanos. Meses después, Trump confirmó que había hablado directamente con Maduro.
Sin embargo, en el escrito presentado el 17 de marzo en J.G.G., el Departamento de Justicia calificó a la contraparte venezolana como el régimen de Maduro, “which the United States does not recognize”, es decir, «al que Estados Unidos no reconoce». Kozak también distinguió en su declaración entre el Gobierno de El Salvador y Maduro y sus representantes. Esa distinción permite a la fiscalía aceptar la existencia de las negociaciones y mantener que el Ejecutivo jamás modificó su posición sobre quién era el jefe de Estado venezolano. Expediente 359, párrs. 40–57 y 83–86.
La carta de marzo que la jueza puede considerar decisiva
El 7 de marzo de 2026, Trump dijo que Estados Unidos había reconocido formalmente al Gobierno venezolano. Leída de forma aislada, la frase deja abierta la pregunta de a quién se refería. El contexto del discurso y la carta que Kozak envió tres días después al fiscal federal Jay Clayton identifican a Delcy Rodríguez.
La carta, presentada el 11 de marzo en cuatro causas civiles del mismo distrito, dice que Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como jefe de Estado el 23 de enero de 2019 y que esa posición continuaba. Añade que Washington reconocía a Rodríguez como la única jefa de Estado facultada para actuar en nombre de Venezuela. Para la controversia penal, importa tanto la identidad de la persona reconocida en marzo como el alcance temporal de la carta. Aunque se escribió después de la captura del 3 de enero, el texto describe expresamente la posición estadounidense durante el período anterior.
La defensa también aporta declaraciones venezolanas según las cuales Maduro conservaba el título. Rodríguez lo llamó presidente legítimo después de la captura y el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se refirió a ella como presidenta encargada. En octubre, un funcionario estadounidense dijo que aún faltaba declarar la vacancia permanente de la presidencia. Esas piezas respaldan que la continuidad del título seguía planteada dentro de Venezuela. La cuestión que debe resolver la corte de Nueva York es qué efecto tiene esa situación frente a la posición expresada por el Ejecutivo estadounidense. Expediente 359, párrs. 65–82 y 91–94.
Qué precedentes pesan en Nueva York
En Zivotofsky v. Kerry, la Corte Suprema estableció que el reconocimiento formal de Estados y gobiernos extranjeros corresponde al presidente. La jueza Analisa Torres puede examinar la conducta del Ejecutivo para determinar qué posición adoptó y qué efecto tiene en esta causa. Para inferir un reconocimiento de Maduro, tendría que dar un significado a las reuniones, llamadas y acuerdos que supere las negativas explícitas que acompañaron esos contactos. Zivotofsky v. Kerry, 576 U.S. 1 (2015).
El precedente penal más próximo es el de Manuel Antonio Noriega. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó el rechazo de la inmunidad del exjefe militar panameño, a quien Estados Unidos nunca reconoció como jefe de Estado. El fallo tiene valor persuasivo en Nueva York. La defensa puede distinguir los casos porque Maduro sí ocupó formalmente la presidencia y autoridades venezolanas sostienen que conservó el cargo después de la captura. La fiscalía puede responder que el punto común es la insuficiencia del control de hecho frente a la posición estadounidense sobre reconocimiento. United States v. Noriega, 117 F.3d 1206 (11th Cir. 1997).
La protección reclamada por la condición de jefe de Estado se examina bajo el derecho común federal. La Corte Suprema ha distinguido la inmunidad de funcionarios individuales del régimen legal de inmunidad de Estados extranjeros y ha determinado que ese régimen legal no se aplica a procesos penales. Una eventual inmunidad por actos oficiales exigiría su propio análisis sobre las conductas imputadas. Y aun si la jueza aceptara la inmunidad personal de Maduro, todavía tendría que determinar qué regla, si alguna, extendería una protección a Flores como cónyuge en este proceso penal. Samantar v. Yousuf, 560 U.S. 305 (2010) · Türkiye Halk Bankası v. United States, 598 U.S. 264 (2023).
Qué tendría que encontrar la jueza para cambiar el curso de la moción
La defensa tendría una base más sólida si identificara una instrucción presidencial, una nota diplomática u otra comunicación autorizada en la que Washington hubiera aceptado a Maduro como representante de Venezuela en las fechas pertinentes. Sánchez-Ross cita las reglas de archivo y los canales reservados del Departamento de Estado. Esas reglas muestran cómo se registran comunicaciones diplomáticas y dejan abierta la pregunta de si existe un documento concreto que diga algo distinto de la posición pública.
Torres podría solicitar que el Ejecutivo precise su postura en el expediente penal, particularmente respecto del día de la captura y del período en que se ha ejercido jurisdicción sobre Maduro. También puede valorar la carta de marzo junto con las declaraciones anteriores y resolver sobre ese conjunto. Si el Ejecutivo confirma la continuidad de su posición desde 2019, la defensa tendría que explicar por qué actos de cooperación que Washington acompañó de reservas expresas deben producir el efecto jurídico del reconocimiento.
Ahí está la principal dificultad de Maduro. La defensa documentó que tenía el poder suficiente para negociar repatriaciones, liberar detenidos y hablar directamente con un presidente estadounidense. Hasta donde llega el documento 359, la evidencia más específica sobre su estatus jurídico dice que Estados Unidos siguió sin reconocerlo como jefe de Estado. Esa diferencia reduce considerablemente las probabilidades de que prospere la inmunidad por el cargo. La decisión corresponde a la jueza y el resultado de esa moción, cualquiera que sea, es independiente de la culpabilidad o inocencia de los acusados.