El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
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Los dos hombres hallados culpables de lavar más de USD 100 millones a funcionarios y exfuncionarios del régimen venezolano, a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en el sur de la Florida, pidieron a la corte del Distrito Sur de Nueva York considerar acusar a los directivos principales del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, clientes de Miami Equipment & Export Company, la compañía usada por Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, para blanquear el dinero proveniente de contratos públicos del estado venezolano.
En un documento entregado por la defensa de los Díaz, dirigido al juez federal William H. Pauley III, donde se le exige al tribunal condenar a Luis Javier Díaz a libertad probatoria de por vida, se argumenta que la necesidad de evitar “disparidades injustificadas en la sentencia entre los acusados con registros similares que han sido declarados culpables de conducta similar”. Los abogados sostienen que aunque no se ha condenado a otros acusados en este caso que les ocupa, la corte debería contemplar encauzar a quienes no están ante el tribunal: los principales directivos de KCT.
La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron la empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero y, además, se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (PDVSA y Cadafe).
Los abogados de los Díaz argumentaron que ninguno de los directivos de KCT ha sido acusado de un solo delito, a pesar de haber sido los dueños del mencionado consorcio venezolano quienes iniciaron las transferencias electrónicas a Miami Equipment & Export Company, se beneficiaron de las operaciones y los que prepararon la documentación falsa para sus propios fines en Venezuela.
Asegura la defensa que Luis Javier Díaz y su padre, Luis Díaz Jr. que sus clientes son dos hombres de negocios que trabajan duro para mantener su empresa y ahora tendrán que pagar todas las consecuencias de las transacciones que forman parte de la conspiración por la que fueron juzgados.
KCT, consorcio conformado por Cielemca, Trimeca y KBT, es una contratista del Estado venezolano que fue denunciada por haber logrado contratos millonarios del régimen del fallecido Hugo Chávez a cambio del pago de sobornos a funcionarios que —para esa época— ocupaban cargos claves en el gobierno venezolano.
En un documento de la defensa se señala que encarcelar al Luis Díaz o su hijo Luis Javier crearía una disparidad injustificada entre ellos y, por ejemplo, Blas Herrera, quien se presentó como el director principal del consorcio KCT.
De acuerdo con una solicitud de orden de cateo del gobierno, Blas Herrera fue interrogado por agentes del gobierno norteamericano en noviembre de 2015, y al hablar con esos agentes “con la esperanza de recibir indulgencia”, admitió que haber usado Miami Equipment para mover ilícitamente dinero a los Estados Unidos. “Ni el Sr. Herrera ni ninguno de los otros directores de KCT ha sido procesados. Debido a que esos perpetradores viven en el extranjero, tampoco es probable que sean castigados”, acotan.
Durante el juicio de los Díaz fueron mencionados los siguientes nombres del Consorcio KCT:
—Enrique Padrella (KCT)
—Antonio Padrin (KCT)
—Blas Herrera (KCT)
—Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT)
—Ariano Martín (KCT)
—Elisbert Becerra Guzmán (secretaria de Blas Herrera)
—José Miguel García (KCT)
—César Cardozo (Cielemca CA)
—José Garantón (Cielemca CA)
—Rodolfo Somani (EMA CA)
La defensa sostiene que Luis Díaz no ha negado que sabía que las facturas enviadas por KCT eran falsas “Según lo que le contaron sus clientes, creía que se estaban realizando servicios como consultoría para sus empresas, pero que sus clientes necesitaban representar lo contrario, para poder enviar dólares estadounidenses a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment, para pagar para esos servicios, dadas las restricciones de divisas en Venezuela”.
Asegura que Luis Díaz Jr. creyó que en la palabra de Blas Herrera y sus otros clientes relacionados con KCT en lugar de sospechar que estaban cometiendo un delito, “no fue por mala intención, sino porque confió erróneamente en ellos y en su palabra”.
Dice que si alguien cometió delito, esos fueron Blas Herrera y los demás interesados en KCT, Antonio Padrín y Enrique Pradella, quienes conocían la ventaja de usar un negocio de “mamá y papá” como medio para realizar grandes transferencias electrónicas, y no un banco o agente de transferencia bancaria.
Comenta la defensa que el hermano de Herrera, Mario, y los demás, habían sido clientes de Miami Equipment durante casi dos décadas cuando presentaron a Luis Díaz a Blas Herrera y fue este último quien solicitó la ayuda de Díaz, incluso para pagar los pedidos de compra y las facturas en cuestión en este caso.
Aseveran que los tratos del Consorcio KCT en Venezuela, incluso con el gigante estatal de petróleo y gas PDVSA, también tuvieron un valor lo suficientemente grande como para que las cantidades que Herrera y sus empresas afirmaban que facturaban fueran creíbles.
Díaz estaba predispuesto, además, a ayudar a sus clientes (a quienes también consideraba amigos en ese momento), debido a la experiencia de su propia familia de haber confiscado todas sus propiedades en Cuba. Al ver a Venezuela convertirse en un régimen cada vez más autoritario, acelerando hacia la caída libre económica, Díaz simpatizó con lo que pensaba que eran los esfuerzos de sus clientes por retener y continuar utilizando el valor de sus fondos, en lugar de que esos fondos se vuelvan inútiles o inutilizables.
Aquellos que conocen tanto a Díaz como el negocio de exportar equipos a las mismas regiones atendidas por Miami Equipment, han intentado explicar cómo alguien de la integridad de Díaz podría haber incurrido en una conducta delictiva.
Con una serie de cartas de indulgencia escritas por amigos y familiares de Luis Díaz, la defensa destaca que las personas que lo conocen dan fe de que el demandado nunca rompería la ley o perjudicaría a su familia, y que Blas Herrera y sus asociados de KCT explotaron a Díaz.
Los abogados reconocieron que “Díaz cometió errores devastadores en el juicio, es indiscutible que desconocía la naturaleza ilegal o incluso ilícita de sus actos. Él no tenía la intención de dañar a nadie. Trágicamente, aceptó ayudar a clientes y amigos sin saber que no podía hacerlo, de conformidad con la ley”.
La circunstancia de que fue el consorcio KCT, no Díaz, quien generó documentos falsos y creó y controló las compañías que solicitan las transferencias, también hace que sea inapropiado aplicar una condena por “medios sofisticados” de lavado de dinero, dicen los defensores.
Consorcio KCT
En los documentos dados a conocer por la fiscalía durante el juicio de Luis Díaz y Luis Javier Díaz se asegura que el 12 de julio de 2010, KCT compró una turbina (generador) para la Refinería Bajo Grande por USD 20.609.824,74. Para esa misma fecha, se denunció en Venezuela que KCT vendió a Bariven una unidad GE LMS 100 en USD 95,6 millones, cuando el precio referenciado es de USD 35,6 millones. De ser la misma pieza, se calcula un sobreprecio por el orden de 74 millones 990 mil 176 bolívares.
Según la defensa, la Oficina de Libertad Condicional, tras realizar entrevistas y diligencias recomendó una condena de cinco años de prisión para Luis Díaz Jr. de 76 años de edad. Sin embargo, la defensa considera que debido a que su cliente “no ha cometido ni cometerá ningún otro delito. De hecho, nunca habría cometido los crímenes de los que fue condenado, si hubiera tenido alguna idea de que estaba violando la ley o poniendo en peligro a su familia y debido a que el público no necesita estar protegido del Sr. Díaz, y sería un desperdicio de recursos para este hombre de 76 años ser encarcelado”.
Afirman que el gobierno presentó pruebas documentales en el juicio de que Blas Herrera y el consorcio KCT controlado por él y sus asociados, entre ellas facturas a Díaz que representaban falsamente que se estaban realizando servicios para Miami Equipment o que representaban falsamente los servicios prestados.
Refieren que Díaz siempre sentirá dolor y pesar por no haber hecho más preguntas a sus antiguos clientes o por no haber buscado el consejo de abogados o contadores. Sin embargo, argumentan que ha aprendido la lección de la manera más difícil que se pueda imaginar, por lo que no haber actuado con más cuidado no debería ser el punto de inflexión para el encarcelamiento, por varias razones.
El otro acusado en este caso, Luis Javier Díaz pidió una sentencia probatoria de por vida al juez, alegando que el demandado no tiene récord criminal y una conducta incuestionable.
El juez Pauley III leerá la sentencia de los dos hombres el 8 de junio de 2018 a las 3:30 p m.