Un operador iraní vinculado a la Fuerza Quds habría sustituido a Alex Saab tras su captura, consolidando una red que intercambió petróleo por oro venezolano para financiar a Hezbolá, con apoyo de figuras clave del régimen de Nicolás Maduro.
Una red transnacional de contrabando de petróleo, oro y financiamiento ilícito ha expuesto la profundidad de las alianzas entre el régimen de Nicolás Maduro, operadores iraníes y estructuras vinculadas a Hezbolá. En el centro del esquema figura Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, señalado por el Departamento del Tesoro como facilitador clave tras la caída de Alex Saab, en una operación que integró recursos estratégicos venezolanos con redes del terrorismo internacional.
La reciente ofensiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra redes iraníes de contrabando ha revelado una estructura mucho más compleja que un simple esquema de evasión de sanciones. En realidad, se trata de una arquitectura financiera paralela, donde convergen intereses del régimen venezolano, la República Islámica de Irán y el grupo Hezbolá.
En el centro de esta red aparece Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, un operador iraní que, según las autoridades estadounidenses, desempeñó un rol determinante en la facilitación de transacciones ilícitas entre Caracas y Teherán. Su ascenso dentro del esquema coincide con la detención en 2020 de Alex Saab, considerado el principal operador financiero internacional del chavismo.
De acuerdo con la investigación, Moosavi no solo heredó funciones clave de Saab, sino que también consolidó una red propia que le permitió operar con libertad dentro de Venezuela, gracias a sus vínculos directos con el entorno de poder de Nicolás Maduro.
El mecanismo: petróleo por oro
El corazón del esquema radicaba en un sistema de intercambio altamente sofisticado. Irán enviaba petróleo a Venezuela, mientras que el régimen de Maduro pagaba con oro, muchas veces adquirido a precios inferiores al mercado.
Este oro era posteriormente trasladado a Teherán y canalizado hacia estructuras vinculadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF), funcionando como una vía de financiamiento indirecto para Hezbolá.
El transporte se realizaba a través de la aerolínea sancionada Mahan Air, que facilitaba el traslado del oro hacia Irán, donde intermediarios como Ali Qasir —identificado como financiero de Hezbolá— gestionaban su redistribución y monetización en mercados como Turquía.
El rol de Tareck El Aissami
La operación no habría sido posible sin la participación de actores clave dentro del aparato estatal venezolano. Entre ellos destaca Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y figura central del sistema económico del chavismo.
El Aissami, designado por Estados Unidos por narcotráfico, colaboró directamente con Moosavi en la logística del contrabando de crudo iraní hacia Venezuela. Junto al facilitador ruso Viktor Artemov, implementaron tácticas sofisticadas para evadir controles internacionales, incluyendo transferencias de barco a barco, manipulación de sistemas de rastreo AIS y el uso de buques “fantasma”.
El pago por estas operaciones incluía no solo oro, sino también diamantes, configurando un sistema de trueque opaco que escapa a los mecanismos tradicionales de supervisión financiera.
Empresas fachada y red global
Para sostener esta estructura, Moosavi operó a través de una red de empresas pantalla vinculadas al sector petroquímico, entre ellas Caspian Petrochemical FZE y Pearl Petrochemical FZE.
Estas compañías funcionaban como plataformas para la comercialización encubierta de petróleo y gas licuado iraní, replicando modelos utilizados por otras redes sancionadas, como la del clan Shamkhani, que utiliza empresas aparentemente legítimas para ocultar operaciones ilícitas a escala global.
Una alianza entre regímenes sancionados
El caso revela un patrón más amplio: la consolidación de alianzas entre Estados sancionados que desarrollan mecanismos alternativos para sostener sus economías y financiar operaciones geopolíticas.
Venezuela, bajo el liderazgo de Maduro, se convierte en un nodo clave de esta red, proporcionando acceso a recursos minerales, infraestructura logística y cobertura política. A cambio, Irán obtiene una vía para evadir sanciones y proyectar su influencia en América Latina.
La red que conecta a Nicolás Maduro, Alex Saab, Tareck El Aissami y operadores iraníes como Moosavi no es un fenómeno aislado, sino parte de un sistema estructurado que integra crimen organizado, geopolítica y financiamiento del terrorismo.
Más allá de las sanciones, el caso evidencia la emergencia de un orden paralelo, donde los actores sancionados no solo sobreviven, sino que cooperan activamente para desafiar el sistema financiero internacional.