En el proceso de juicio a Nicolás Maduro, la defensa del exdictador y su esposa, Cilia Flores, insisten en exigir la desestimación de los cargos en su contra o la realización de una audiencia probatoria por la presunta violación de sus derechos constitucionales. Argumentan que el gobierno de Estados Unidos, a través de la OFAC interfiere ilegalmente con su derecho a elegir abogado al revocar las licencias que permitían al Estado venezolano financiar su representación legal.
Los abogados sostienen que el uso de fondos no vinculados al crimen es legítimo bajo la ley venezolana y que la negativa oficial carece de una justificación real de seguridad nacional.
Los abogados de Maduro y Flores rechazan la opción de abogados de oficio por ser un remedio insuficiente ante la privación de su derecho al debido proceso y a una defensa privada. Sostienen que el tribunal debe intervenir para evitar que las políticas de sanciones dejen sin efecto las garantías fundamentales de los acusados en el sistema judicial estadounidense.
Juicio a Nicolás Maduro: la réplica de la defensa a la fiscalía
El 19 de marzo de 2026, la Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Maduro, en manos de Barry J. Pollack y Mark E. Donnelly, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York la réplica legal a la Fiscalía homónima que se opone a que el gobierno de Venezuela pague los honorarios de dichos abogados.
El núcleo de la disputa reside en la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE. UU. de revocar las licencias que permitían el pago de dichos honorarios legales con fondos del gobierno venezolano. La defensa cataloga esta acción como una interferencia gubernamental que viola la Sexta Enmienda —derecho a un abogado de elección— y la Quinta Enmienda —Quinta Enmienda — de la Constitución de los EE. UU.
La defensa expone:
- Interferencia injustificada: la fiscalía no disputa que los acusados carecen de recursos personales y que la ley venezolana obliga al Estado a pagar su defensa con fondos no vinculados al presunto delito.
- Inconsistencia administrativa: la defensa califica de «pretexto» la afirmación del gobierno de que las licencias originales se emitieron por un «error administrativo» y señala que la OFAC consultó al Departamento de Estado por razones de política antes de la revocación.
- Precedentes judiciales: la defensa cita los casos Luis v. United States y United States v. Stein para sostener que el gobierno no puede restringir activos legítimos necesarios para contratar defensa privada.
- Remedio solicitado: debido a la naturaleza de la violación constitucional, la defensa exige la desestimación de la acusación o, en su defecto, una audiencia probatoria.
Violación de la Sexta Enmienda
La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores sostiene que la negativa de la OFAC para permitir que el gobierno de Venezuela sufrague los gastos legales impide a los acusados ejercer su derecho constitucional a contratar a los abogados de su preferencia.
Rechaza el argumento del gobierno de que la disponibilidad de abogados de oficio (CJA) es un remedio adecuado y agregan que, según el precedente de la Corte Suprema en Luis v. United States, el abogado designado no es un sustituto equivalente cuando el gobierno ha bloqueado ilegalmente el uso de fondos legítimos para contratar representación privada.
Los abogados de Maduro y Flores enfatizan que el gobierno de los EE. UU. demostró que los fondos destinados al pago de honorarios estén «contaminados» o vinculados a las actividades ilícitas imputadas. La jurisprudencia establece que el interés del acusado sobre sus activos no vinculados es superior al interés del gobierno en asegurar posibles multas futuras.
Contradicciones en la postura de la fiscalía y la OFAC
La réplica de Nicolás Maduro y Cilia Flores identificó las que denomina como múltiples inconsistencias en las explicaciones proporcionadas por las autoridades estadounidenses respecto a la revocación de las licencias.
| Punto de conflicto | Argumento de la defensa |
| Error administrativo | El gobierno alega «error», pero la OFAC indicó que revocó la licencia de Flores de Maduro tras consultar con el Departamento de Estado sobre política exterior, una acción innecesaria para corregir un simple error técnico. |
| Seguridad nacional | El gobierno invoca una «emergencia nacional» sin explicar cómo el pago de honorarios legales amenaza la seguridad, especialmente tras la normalización de relaciones diplomáticas con Venezuela. |
| Trato diferenciado | La OFAC permite pagos del gobierno de Venezuela para transacciones comerciales y sus respectivos gastos legales asociados (Licencia General 46B), pero prohíbe el pago para la defensa en este proceso penal específico. |
| Precedentes de terceros | El gobierno admite que, en otros casos, la OFAC permitió que terceros sancionados paguen honorarios legales para otros individuos sancionados. |
Jurisprudencia citada
La defensa estructura su posición sobre dos pilares jurisprudenciales fundamentales:
- United States v. Stein: establece que el gobierno viola la Sexta Enmienda cuando interfiere con el derecho de un acusado a que un tercero —en ese caso, un empleador— pague sus honorarios legales. La defensa argumenta que, al igual que en Stein, el gobierno ejerce una presión indebida a través de la OFAC para privar a los acusados de sus recursos de defensa.
- Luis v. United States: la Corte Suprema determinó que el gobierno no puede congelar activos «no contaminados» antes del juicio si eso impide al acusado contratar a su abogado preferido. La defensa sostiene que el derecho de propiedad bajo la ley venezolana sobre el pago de honorarios es análogo a los activos protegidos en el caso Luis.
Incapacidad financiera de Maduro y Flores
En esta etapa del juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores, los acusados presentaron declaraciones juradas en las que confirman su incapacidad personal para costear una defensa privada en los Estados Unidos.
Derecho bajo ley venezolana: existe un requisito legal en Venezuela que obliga al Estado a pagar los honorarios legales de sus funcionarios. El gobierno de los EE. UU. no ha disputado la existencia de este interés de propiedad bajo la ley extranjera.
Irrelevancia del estatus político: la defensa argumenta que el reconocimiento o no del gobierno de Maduro por parte de EE. UU. es irrelevante para el análisis de los derechos de propiedad y de juicio justo en un tribunal doméstico.
Remedios propuestos
La defensa de Maduro y Flores cree que la conducta del gobierno crea un obstáculo insalvable para un juicio justo lo que, desde su óptica, afecta la integridad del proceso judicial.
Desestimación de la acusación: la defensa solicita como remedio principal la desestimación de la Cuarta Acusación Sustitutiva y argumenta que, según el Segundo Circuito, este es el remedio apropiado cuando la interferencia gubernamental con el derecho a la asistencia legal no puede ser subsanada de otra manera.
Audiencia probatoria: en caso de que el tribunal no proceda a la desestimación inmediata, la defensa exige una audiencia para examinar las motivaciones reales de la OFAC y el Departamento de Estado al tiempo que califica las explicaciones actuales de «pretextuales».
Rechazo del argumento de «expectativa razonable»: la defensa desestima la tesis del gobierno de que los acusados «debieron anticipar» que el pago sería bloqueado. Sostienen que el conocimiento de una posible interferencia ilegal no elimina el derecho constitucional del individuo.
Vea en Sin Filtros “Urgente: defensa acusa a EE. UU. de violar derechos de Nicolás Maduro”:
