Por Maibort Petit
@maibortpetit
La Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó la solicitud de cambio de fecha de la sentencia de Luis Díaz Jr, y Luis Javier Díaz, dos empresarios de Miami que fueron hallados culpables de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ambos iban a ser condenados el 2 de marzo de 2018 pero un cambio de abogados permitió el aplazamiento.
Los dos hombres serán condenados por el juez William H. Pauley III el 27 de abril a las 3PM según informó el tribunal este jueves.
En una carta enviada al tribunal, el abogado de Luis Javier Díaz, George Vila explica a Pauley que la razón de la solicitud es que los acusados contrataron un nuevo abogado para la preparación de la sentencia.
“Un aplazamiento de aproximadamente siete (7) semanas permitirá a los nuevos abogados familiarizarse con el registro y ofrecer asesoramiento con respecto a los envíos de los acusados a la Oficina de Libertad Condicional antes de que la Oficina emita los PSR iniciales”.
Vila dijo al juez que había consultado sobre el cambio al fiscal Edward B. Diskant, quien declaró que el Gobierno no tiene objeciones para el aplazamiento.
El defensor también alegó que las mociones posteriores al juicio están pendientes y la fecha de la sentencia no se ha suspendido previamente.
La Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos ha sido informada dela solicitud de aplazamiento y han pedido que incluyamos una solicitud para que se levante el PSR en conjunto con la fecha de la sentencia.
El caso
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a los dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.
Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos.
Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:
1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;
2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;
3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y
4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.
El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.
De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.
La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.
El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.